El conflicto salarial que mantiene virtualmente paralizada la actividad en los tribunales bonaerenses sigue sin resolverse, en medio de presentaciones judiciales, gestiones reservadas y duros cruces entre los distintos actores del Poder Judicial.
El Colegio de Abogados de la Provincia, que amenaza con pedir la intervención federal de la Justicia, radicó ayer la presentación de un recurso de amparo para que se restablezca el servicio. El amparo recayó en el Juzgado en lo Civil y Comercial 10 de La Plata.
El gremio, en tanto, cumplirá hoy la segunda jornada del paro por 72 horas en el marco de varias semanas de protestas que ahora sumó la toma de edificios.
La Asociación Judicial Bonaerense sigue sin recibir una nueva propuesta del Gobierno, que por estas horas, de acuerdo a algunos trascendidos, habría avanzado en un acuerdo con el Colegio de Magistrado por los sueldos de los jueces.
De todas formas, ese acuerdo sigue sin firmarse, ya que los jueces insisten en la firma de un compromiso de la Provincia para ir equiparando los ingresos de los magistrados provinciales con los nacionales que perciben superiores casi en un 50%.
Respecto de la propuesta salarial, se sigue especulando con un aumento en cuatro etapas del 31,5%.
En medio de un conflicto cuya solución se sigue dilatando, ayer pudo saberse que altos funcionarios de la Suprema Corte tomaron contacto con funcionarios del Poder Ejecutivo en busca de destrabar una situación que impide el normal funcionamiento de los tribunales. Algunas fuentes especulaban que hoy podría producirse algún anuncio en relación a los sueldos de los jueces, que luego se trasladaría al gremio.
RECHAZO
En tanto, el Colegio de Magistrados salió anoche al cruce del Colegio de Abogados. “La intervención federal es una medida que debe ser contemplada como último recurso, en caso de una situación de extrema gravedad y excepcionalidad”, indicó la entidad, para afirmar que “la tutela judicial en la Provincia está garantizada por la magistratura y por los funcionarios judiciales y lo ha estado de manera contínua y efectiva durante toda la duración de este conflicto y de otros similares, en años anteriores”.
Finalmente, los magistrados dijeron que “las consecuencias negativas para el ejercicio profesional de los abogados forman parte de la preocupación de nuestro Colegio y hacemos pública nuestra predisposición para buscar soluciones que las minimicen”, pero al mismo tiempo indicaron que “los ciudadanos tienen derecho a contar con un Poder Judicial independiente, que no reciba ni intervenciones ni amenazas impropias”.
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