Buscan acuerdos para avanzar con la emergencia administrativa

El gobierno de María Eugenia Vidal y los diputados del oficialismo buscarán hoy cerrar acuerdos con un sector de la oposición para lograr aprobar mañana, sin modificaciones, el proyecto que declara el Estado de Emergencia Administrativa en la Provincia.

Las negociaciones apuntan a conseguir el respaldo del bloque del Frente Renovador, aliado natural de Cambiemos en la Cámara baja. En el massismo hay posturas divididas en torno al proyecto.

Anoche, el propio Sergio Massa encabezó reuniones con legisladores de su espacio, entre ellos los de origen sindical y los que responden a los intendentes, los dos sectores que más resistencia mostraron a la ley. Y hoy habrá un encuentro clave en oficinas de la Legislatura.

La norma enviada por la gobernadora María Eugenia Vidal, que ya fue aprobada en el Senado, propone declarar la emergencia por el plazo de un año en el marco de la administración pública bonaerense. En concreto, establece una agilización de los procesos de licitación y compra a través de una flexibilización en los mecanismos de control y del establecimiento de plazos más cortos para que los organismos del Estado se expidan sobre este tipo de trámites. Además, en los polémicos artículos 25 y 26, plantea una mayor laxitud en los contratos de trabajo, lo que provocó una fuerte reacción gremial.

En el Senado, fue aprobado con los votos del oficialismo y el massismo, que ahora está dividido.

Los esfuerzos de los hombres de Cambiemos, con el vicepresidente de la Cámara Manuel Mosca y el titular del bloque Jorge Silvestre a la cabeza, buscan cerrar en la sesión de mañana el trámite legislativo. Es decir, que el proyecto se apruebe sin modificaciones.

El escenario más firme de acuerdo contempla un pacto por el cual el Ejecutivo se comprometería, por escrito, a atender algunos de los planteos del massismo en la etapa de reglamentación de la ley.

Así lo admitió ayer el ministro d Trabajo provincial, Marcelo Villegas, quien visitó la Cámara de Diputados para reunirse con oficialistas y opositores y con representantes de UPCN, ATE y Fegeppba, entre otros gremios, en un encuentro motorizado por el presidente del cuerpo, Jorge Sarghini.

“Vamos a trabajar con los señalamientos que nos hicieron los gremios”, dijo el funcionario, quien además aclaró que el compromiso escrito “tendría que ver con clarificar que el proyecto no habla de relaciones laborales de dependencia en el marco de la ley 10.430, sino que trata de contratos de locación de servicios que jurídicamente son diferentes a un contrato de trabajo”.

Mosca, por su parte, también habló de “una variante para construir consenso”. “Tomar un compromiso para, en la reglamentación, aclarar algunas cuestiones”, dijo.

Con ese compromiso escrito para trabajar junto a la oposición en la eventual reglamentación de la ley, el oficialismo y el Ejecutivo apuntan a evitar que se modifique el proyecto, lo que los obligaría a volver a enviarlo al Senado para su sanción.

La introducción de cambios en el texto de la norma se manejó como posibilidad en las últimas horas ante un escenario complejo para el oficialismo en la negociación interna pero además en medio de un frente de resistencia gremial.

En efecto, un sector de los estatales, con respaldo gremios de judiciales, médicos y docentes reclaman que no avance el proyecto que, entienden, “es el marco para flexibilizar y pauperizar el trabajo”, tal como lo expresó el titular de ATE Provincia Oscar De Isasi tras la reunión. Ayer, el gremio de estatales ratificó la convocatoria para la movilización prevista para mañana a las puertas de la Legislatura, a la que se sumarán médicos, judiciales y docentes.