El entreverado debate por la ley antidespidos, cuya resolución comenzará a conocerse hoy en la Cámara de Diputados, puso sobre el tapete un asunto de fondo para el futuro inmediato del país: la interacción entre el Gobierno y el Congreso, en una etapa en la que el oficialismo no tiene mayorías propias. Por lo visto hasta el momento, esa relación quedaría entre algodones.
Es que los bloques de la oposición -que superan a la alianza gubernamental Cambiemos tanto en el Senado como en Diputados- se manifestaron a favor de aprobar una norma que proteja a los trabajadores, mientras que el oficialismo la rechaza abiertamente. Y hasta advierte que el presidente Mauricio Macri la vetará si es que alguna de sus variantes finalmente sale a la luz.
La firma del veto, que ya fue decidida en la mesa chica del Gabinete nacional, implicaría un costo político para Macri, pero al mismo tiempo impondría un gesto de autoridad frente al abierto desafío del Congreso. ¿Cuál de esas dos miradas es la que ganará consideración? En la Casa Rosada apuntan que la Argentina es un país con exclusiva tradición presidencialista.
Esto es, que la sociedad necesita que el Poder Ejecutivo se imponga sobre otros estamentos del Estado para asegurar la gobernabilidad. El problema, para la gestión de Cambiemos, es que sus principales referentes han cuestionado en duros términos el autoritarismo del gobierno anterior, que rara vez atendía alguna sugerencia opositora y que generalmente la ignoraba.
Pero como en todo Gobierno, sus funcionarios no suelen pensar en bloque, sino que hay más de una disidencia. Así, viene ganando terreno la línea más dura del PRO -alejada de la mirada institucional de la UCR o la CC de Elisa Carrió- que afirma que Macri debe dejar en claro quién gobierna y que lo debe hacer de frente a la sociedad, eventualmente por la cadena nacional.
Los estrategas comunicacionales del partido amarillo, entre ellos Jaime Durán Barba, piensan que de ese modo el Presidente partirá las opiniones en dos grande bloques, con lo cual evitaría quedar entrampado en la caracterización del gobernante insensible que no atiende demandas sociales. Y abroquelaría a su propio electorado, ampliado hasta el 51% en el ballotage de 2015.
La contraindicación salta a la vista: el Gobierno difícilmente pueda apelar a la buena voluntad de los partidos de oposición, al menos en los próximos meses, luego de vetar una ley gestada en el seno del parlamento, impulsada especialmente por distintas facciones del peronismo, tras un pedido de las cinco centrales obreras –las tres CGT y dos CTA- para cuidar el empleo.
Hasta la discusión de la ley antidespidos, de hecho, fuerzas opositoras como el massismo, el PJ no kirchnerista y partidos provinciales apoyaron al Gobierno en sus iniciativas clave, como el acuerdo con los “holdouts”. Pero en esta oportunidad el Frente Renovador (UNA) y el Bloque Justicialista se apartaron de la ruta oficial y le provocan un fuerte dolor de cabeza a Macri.
Para este conglomerado político variopinto, también se dispara una pregunta de manual: ¿Hasta qué punto el Congreso le debe marcar límites a un Presidente? El FpV kirchnerista y la izquierda están embarcados en una suerte de bloqueo, pero el FR y el PJ quedarían expuestos porque sus electorados se entremezclan y también porque gobiernan provincias y municipios.
De este grupo, el macrismo sigue con atención los pasos de Sergio Massa. En las últimas horas, incluso, dejó trascender un fuerte malestar presidencial con el tigrense, a tal punto que Cambiemos podría facilitar la victoria del dictamen del FpV sobre la ley antidespidos antes que se imponga el del interbloque UNA, por medio de la abstención o ausencia de sus diputados.
También advirtieron por lo bajo en la Casa Rosada que se podría romper el acuerdo político que hay entre la gobernadora María Eugenia Vidal y Massa en territorio bonaerense. Los renovadores escuchan las amenazas y replican marcando diferencias internas en el oficialismo, apuntando que sus figuras legislativas se enojaron por la supuesta injerencia de Carlos Grosso.
Al controvertido ex alcalde porteño se lo señala como el autor ideológico de la convocatoria a los empresarios para que se comprometieran a evitar despidos por 90 días, como una forma de desinflar la avanzada opositora en el parlamento. Pero más allá del pase de facturas circunstancial, lo que empieza a estar en juego es la relación entre el Gobierno y el Congreso.
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