El Gobierno optó finalmente por la salida pragmática. La discusión pública sobre la ley antidespidos le hizo más daño que el esperado y entonces el presidente Mauricio Macri y sus principales colaboradores decidieron cortar por lo sano. Para conseguirlo, no vacilaron en facilitar que el dictamen del FpV kirchnerista se imponga en la Cámara de Diputados.
En forma impensada para otros tiempos no tan lejanos, los diputados de Cambiemos -PRO, UCR y “lilitos”- planearon allanarle el camino al kirchnerismo en la votación de esta madrugada, lo que provocó un cortocircuito con su aliado estratégico Sergio Massa, quien en una semana vio cómo se perdió la posibilidad de aprobar una ley distinta a la del Senado.
De hecho, según pudo constatar EL DIA anoche en el salón de los Pasos Perdidos, hubo un cruce picante entre Massa y el titular del interbloque de Cambiemos, el radical Mario Negri. “¿Qué pasó que te diste vuelta como una media?”, lo acicateó el tigrense al cordobés, quien no se quedó atrás y replicó: “¿Y qué querés? Ustedes iban a acordar con el mundo peronista”.
Así, pocas horas antes de que en el recinto comenzara a debatirse la ley antidespidos, Massa y Negri dejaron todo claro. En rigor, ambos tenían algo de razón: el jefe del Frente Renovador había intentado convencer al FpV para que aceptara modificaciones al proyecto sancionado en el Senado, lo que fue percibido por el oficialismo como un intento por doblegar al Gobierno.
Desde la mirada oficial, el abroquelamiento de los distintos sectores del peronismo -el FpV kirchnerista, el Bloque Justicialista de Diego Bossio y también el FR massista- es como invocar al fantasma de la reunificación justicialista, en la misma línea de lo que está sucediendo con las CGT de Hugo Moyano, Luis Barrionuevo y Antonio Caló, que tiene fecha prevista para junio.
Pero lo que el oficialismo no tuvo en cuenta en las negociaciones es que, en la Cámara baja, buena parte del kirchnerismo no está dispuesto a seguir a Massa -ayer hubo una fuerte discusión en la bancada- y los miembros del Bloque Justicialista juegan en sintonía con los gobernadores peronistas, que tienen a su principal bastonero, Miguel Pichetto, en el Senado.
Aún con tantas divisiones, las distintas bancadas de orientación peronista arrastraron al Gobierno a una discusión que perdió en términos de opinión pública. De acuerdo al resultado de una encuesta del consultor Raúl Aragón en la capital y el Gran Buenos Aires, el 57,4 por ciento de los entrevistados se manifestó de acuerdo con la sanción de la ley antidespidos.
El mismo sondeo determinó que sólo el 37 por ciento de los consultados considera que los empresarios cumplirán su promesa de no despedir personal por el plazo de 90 días, como se comprometieron ante el Gobierno, mientras que el 52,3 por ciento tiene temor de que alguien de su familia o él mismo pueda perder el empleo, lo que genera un clima de inestabilidad.
Aunque el elemento más significativo de la encuesta, en términos de expectativas, es que las opiniones están absolutamente partidas cuando se pregunta por la sinceridad el Presidente en su compromiso por la generación de empleo. El 47,1 por ciento de los consultados le cree y otro 47,4% no. De ese dato parece haberse agarrado le mesa chica del Gobierno nacional.
Justamente, la división de la opinión pública sobre la credibilidad de Macri es lo que se podría potenciar con la firma de un veto presidencial tras la sanción de la ley antidespidos, en una maniobra a la que suelen recurrir los gobiernos para polarizar el arco político en momentos de dificultades. Algo muy parecido a lo que hizo el kirchnerismo durante su estadía en el poder.
Una vez superado el sacudón, según pudo saber este diario, el Gobierno buscará recuperar la iniciativa política, de la mano de proyectos que pueden generar consenso en el Congreso como la mentada reforma electoral, cuyo contenido será presentado a fin de mes con un acto en la Casa Rosada. La administración macrista pretende ponerse a la vanguardia en este asunto.
En forma paralela, empezó a cerrar acuerdos con las Provincias por la devolución del 15% de la coparticipación, mientras que alienta el debate por la reinstauración del Fondo del Conurbano, que reclama la gobernadora María Eugenia Vidal. Con ese paquete de medidas, más la esperada recuperación económica, Macri busca retomar el sesgo optimista de su gestión.
Pero por lo visto en los últimos días en el Congreso, la relación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo puede resentirse con la aplicación del veto a la ley antidespidos, lo que obligará a las espadas parlamentarias de Cambiemos, como Emilio Monzó y Federico Pinedo, a redoblar los esfuerzos para atender las demandas de la oposición y evitar otras derrotas similares.
El debate parlamentario dejó ayer otras pastillas políticas: en Diputados, Elisa Carrió pidió acceso a la declaración jurada del presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, mientras que en el Senado se aprobó un proyecto de Julio Cobos con inesperado apoyo del FpV, pero no del camporismo. Todo ello, en una jornada en la que el centro de atención fue la “ley de veto”.
Así la bautizó, cometiendo un acto fallido, un funcionario clave del Gobierno nacional, un par de semanas antes de que fuera aprobada por el Congreso, tras arduas negociaciones políticas que no llegaron a buen puerto. La problemática del empleo, que preocupa a los argentinos, difícilmente pueda ser resuelta por una ley. Y menos por una que nunca será promulgada.
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