El proyecto declara la “emergencia administrativa y tecnológica” en la Provincia para “paliar el grave déficit en esta materia”. Regirá por el plazo de un año, pero puede prorrogarse.
Apunta a reducir plazos de las licitaciones públicas para la adquisición de bienes y servicios de las diferentes áreas del Estado provincial.
Habilita, entre otros aspectos, las notificaciones electrónicas en los procedimientos administrativos.
Acorta los plazos para que los organismos de control se expidan sobre la validez de los trámites de contratación de bienes y servicios.
Los artículos más polémicos son los 25 y 26, que determinan nuevas pautas para la contratación de personal de la adminsitración pública.
El Ejecutivo podrá contratar a una persona para que preste un servicio determinado sin sujeción a un resultado concreto, siempre que responda a una necesidad transitoria.
Establece que la celebración del contrato no generará una expectativa o derecho a prórroga, ni creará una relación laboral de dependencia, lo que fue cuestionado por los gremios.
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