María Eugenia Vidal selló un acuerdo de gobernabilidad con Sergio Massa que le ha permitido, aún con algunos sobresaltos, sacar de la Legislatura varias herramientas clave para su gestión.
Ayer, ese pacto volvió a funcionar en medio de las presiones de varios gremios estatales que concretaron una fuerte movilización y los pataleos internos en el propio massismo que derivó en la ausencia de algunos de sus legisladores. El Frente Renovador le otorgó a la Gobernadora una normativa que la funcionaria considera esencial para poder desarrollar su gestión y terminar, afirma, con la burocracia que anida en el Estado bonaerense.
Dicen que esa polémica norma es el último eslabón del acuerdo que ambos dirigentes sellaron allá por diciembre, en el arranque de la gestión de Cambiemos. Massa ingresó en un fuerte proceso de diferenciación con el oficialismo con la mira puesta en la elección del año que viene y ahora se verá cómo continuará la relación en la Legislatura.
En forma paralela, quedó herido el acercamiento de Vidal con sectores del peronismo que en enero ayudaron a votar el Presupuesto. Ayer, los tres bloques peronistas se unieron para fustigar la ley, en una reunificación, al menos en lo mediático, que acaso sea una señal política.
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