El planteo sobre una supuesta responsabilidad del Estado frente a un hecho de violencia de género abre una discusión compleja e interesante. Es sabido que muchas veces no se hacen cumplir las restricciones perimetrales que ordena la Justicia para que presuntos agresores no se acerquen a sus víctimas. La violación de tales restricciones ¿supone una responsabilidad del Estado por las consecuencias que pueda tener? La respuesta puede ser materia de arduas controversias judiciales. En la práctica, resulta casi imposible controlar el cumplimiento de estas medidas. Harían falta custodias de 24 horas para los sujetos que deben cumplirlas.
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