La Justicia Federal le alquila una de sus sedes en la ciudad de Ushuaia a una empresa y al directivo de una compañía vinculadas con el empresario de la construcción Lázaro Báez, según se desprende de una investigación realizada por la agenciaT élam sobre los bienes y negocios de Báez en Tierra del Fuego.
A comienzos de 2011, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Ushuaia corría el riesgo de quedarse sin un lugar físico donde funcionar a raíz de una intimación del Fondo Residual del Banco de Tierra del Fuego, dueño de la anterior sede en el barrio 60 Viviendas de la misma ciudad fueguina. Es por eso que el 27 de mayo de ese año, el administrador general del Poder Judicial de la Nación, Ernesto Krieger, firmó la resolución 1037, habilitando una “compulsa de precios de urgencia” con el objetivo de “evitar la suspensión de la prestación del servicio de justicia en forma adecuada”. De eso modo, se autorizó el alquiler del segundo piso completo del edificio “Ushuaia Tower”, incluyendo 8 departamentos y 4 cocheras.
La operatoria abarcó a los departamentos 202, 204 y 209, y las cocheras 8 y 10, propiedad de Antonio Ramos -integrante de “Credisol S.A”, la financiera que otorgaba créditos a empleados públicos santacruceños y fueguinos, y que posee diversas vinculaciones con Báez-, y los departamentos 203 y 208, propiedad de “Patagonia Financial Services”, también relacionada con el empresario cercano a los Kirchner.
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