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Los radicales están preocupados. Saben que después del veto presidencial a la ley antidespidos, al gobierno del que forman parte le aguarda una cuesta empinada por transitar, tanto en el Congreso como en la relación con los sindicatos y las fuerzas políticas de oposición. Por eso, empezaron a definir una estrategia tendiente a buscar acuerdos estables de gobernabilidad.
Hasta el momento, la Casa Rosada y sus referentes parlamentarios se han visto obligados a negociar ley por ley. Esto es, a conseguir el respaldo de algunos bloques opositores en el Senado y en la Cámara de Diputados para reunir a la mayoría necesaria para la sanción de una norma. Algunas veces los ayudó el massismo y otras el PJ tradicional, pero nunca los K ni la izquierda.
En el caso de la emergencia laboral se verificó un abroquelamiento de los distintos sectores del peronismo a favor de los reclamos de todas las centrales obreras –las tres CGT y las dos CTA-, lo que dejó a la alianza gubernamental Cambiemos en notoria minoría legislativa. Allí comenzó a plasmarse un escenario en el que el gobierno no logró consensos ni impuso su voluntad política.
La cúpula de la UCR se reunió con sigilo el último martes por la noche, un día antes de la sesión en Diputados, para analizar la situación. En la sede del Comité Nacional estuvieron entre otros el nuevo presidente del partido, José Corral, ministros del Gabinete como Julio Martínez (Defensa) y Oscar Aguad (Comunicaciones) y sobre todo, los influyentes Ernesto Sanz y “Coti” Nosiglia.
La conclusión de la dirigencia radical fue que al oficialismo le hace falta sellar un acuerdo con el peronismo más ortodoxo –representado por Miguel Pichetto en el Senado y José Luis Gioja en Diputados- para evitar una dependencia del Frente Renovador massista y de fuerzas provinciales que van y vienen en su relación con el gobierno. Es decir, firmar un pacto de gobernabilidad.
El problema para los radicales, que tienen en su ADN político un gen institucionalista más marcado que el del PRO, es que la mesa chica del gobierno nacional está en otra sintonía. De hecho, el propio Macri bromeaba entre sus colaboradores más cercanos que tenía “abstinencia de veto” mientras se debatía la ley antidespidos. En la Capital Federal, utilizó reiteradamente esa facultad.
Incluso, el asesor estrella del macrismo, Jaime Durán Barba, diagnosticó en la Casa Rosada que al Presidente le subiría su imagen pública si daba una muestra de carácter para plantarse frente al peronismo. Esa línea dura, que ya había aparecido cuando Macri nombró por decreto a dos jueces de la Corte, en forma inesperada y sin aviso al Senado, volvió a imponerse en esta oportunidad.
Ni aquella vez, ni ahora, la conducción del radicalismo fue consultada sobre los pasos a seguir, pese a que la UCR es la columna vertebral de la alianza oficialista, tanto en el Congreso como por su despliegue territorial en provincias y municipios. El PRO se maneja con criterios que no son propios de la política tradicional, lo que se nota más ahora que lo enfocan todos los flashes.
Por el contrario, el macrismo hizo un culto de presentarse ante los argentinos como una fuerza limpia de las mañas históricas, de los pactos y los acuerdos entre gallos y medianoche. El discurso del Presidente al anunciar el veto, en la planta de Cresta Roja que funciona a media máquina, fue elocuente en ese sentido: “Otra vez la política nos quiere meter palos en la rueda”, sentenció.
Si hubo un relato K, que los argentinos primero compraron pero que con el paso del tiempo les provocó desasosiego y hartazgo, el país asiste ahora a los momentos fundaciones del relato macrista. En términos de encuestas y de marketing político, es probable que Durán Barba tenga razón: el veto presidencial podría depararle a Macri un crecimiento para su figura de líder.
Pero sus socios radicales saben, por experiencia propia, que la carrera es larga. Y que, tarde o temprano, el gobierno va a volver a necesitar de la política, por más que el discurso vaya dirigido a los “ciudadanos”. También lo saben los legisladores del PRO en el Congreso, que esta semana no pudieron ocultaron sus rostros de preocupación frente a la dinámica de los acontecimientos.
CONSULTAS ECONOMICAS
Macri también está preocupado e inició una ronda de consultas reservadas con economistas de renombre como Roberto Lavagna. El ex ministro le manifestó sus reparos con el rumbo de la gestión y le aconsejó que la centralice. Es decir, que no tenga cuatro o cinco funcionarios –como en la actualidad- conviviendo como pares, sino que otorgue preeminencia a alguno de ellos.
Lavagna no tiene, por cierto, una buena opinión de Alfonso Prat Gay, con quien se había enfrentado cuando éste era titular del Banco Central, en la salida de la gran crisis de 2002. Pero más allá de la opinión de Lavagna, el ministro de Hacienda está siendo observado por el macrismo, puesto que es un dirigente que se acercó al Presidente cuando el poder no estaba tan lejos.
Otro ministro que está en observación es Juan José Aranguren. El titular del área de Energía ya le habría presentado la renuncia en dos oportunidades al Presidente, cuando arreciaban las críticas en su contra por los tarifazos de luz y gas. Macri no le aceptó la dimisión, pero le hizo decir en público a Aranguren que no habría más aumentos indiscriminados en lo que resta del año.
Sin embargo, la postulación de la canciller Susana Malcorra para presidir la ONU –y su eventual salida del Gabinete- le ofrecería a Macri la posibilidad para hacer un recambio más amplio, ya con unos meses de experiencia en la Rosada y a cuenta de su capacidad de rectificar decisiones que se demuestran equivocadas. En lo que no habrá cambio alguno, es en el veto a la ley antidespidos.
De hecho, el texto se dará a conocer mañana en el Boletín Oficial e incluirá este párrafo: “Su aplicación (la de la ley aprobada el jueves por la mañana) congelará los empleos, mantendrá en la misma situación a los miles de argentinos que hoy trabajan en la informalidad e incrementará la pobreza, como sucedió en los últimos años”. La argumentación presidencial será lapidaria.
Los sindicatos no piensan lo mismo. En una semana tendrá lugar un congreso normalizador de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), en el que se reunificarán gremios que estaban desparramados por distintas centrales sindicales. Será el paso previo a la unidad de la propia CGT, en junio. La discusión con el gobierno no hace más que amalgamar a los gremios.
De otra forma, sería impensada la acción conjunta de Moyano, Caló y Barrionuevo, entre otros jerarcas sindicales que estuvieron distanciados durante años porque algunos fueron privilegiados por el gobierno kirchnerista y otros expulsados de la órbita oficial. En el mundo gremial, el gobierno no cuenta con un operador que contenga las demandas antes de que exploten.
En cambio, el macrismo tiene lazos aceitados con los empresarios. “Me fue fácil convocarlos” para que se comprometieran a no despedir por 90 días, se sinceró el Presidente el viernes en Esteban Echeverría. A ellos y a los gobernadores provinciales apuesta la Casa Rosada para afianzarse tanto en términos económicos como políticos. Pero hay otros actores imprevisibles para el poder.
El que más preocupa al oficialismo por estos días es el Papa Francisco, que viene de manifestar su preocupación por los “conflictos” que se registran en América Latina. Y mencionó como ejemplos a Venezuela, Brasil y la Argentina, en una equiparación al menos discutible. Las advertencias de la Iglesia sobre la situación social se repetirán con certeza el miércoles en el Tedeum del 25 de Mayo.
Macri y su equipo deberán afrontar esa adversidad, sin caer en la tentación de emparentar a Francisco y a los obispos argentinos con el kirchnerismo, como lo suele hacer Elisa Carrió, quien fiel a su estilo también disparó munición gruesa contra el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti. Demasiados frentes de conflicto para un momento tan delicado de la economía.
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