Los actos de vandalismo perpetrados en estas jornadas contra la Legislatura durante el curso de una manifestación de estatales, en el que un grupo de personas con sus rostros tapados iniciaron un incendio en las rejas de entrada al edificio sobre avenida 7, arrojaron piedras contra el palacio legislativo, dañaron algunas plaquetas y parte de la valla perimetral, obligan a las autoridades no sólo a hallar y sancionar a los responsables, sino también a neutralizar la violencia con que se desarrollan las protestas en la vía pública.
Según se detalló, la Legislatura bonaerense deberá desembolsar unos 250 mil pesos para reparar los destrozos causados por algunos manifestantes, cuyas inexplicables muestras de irracionalidad empañaron, ciertamente, los motivos de la convocatoria gremial.
Tal como se precisó oficialmente, el monto de los costos fue estimado luego de evaluarse las roturas y otros daños causados sobre las rejas, escalinatas de ingreso y los jardines que bordean la entrada principal, que fue el sector más afectado del edificio. Se señaló, asimismo, que las tareas comenzarán este martes, incluyéndose en ellas la recolocación de las rejas que fueron arrancadas por los manifestantes durante los incidentes del jueves pasado, cuando en la Cámara de Diputados se trataba el proyecto de reforma administrativa.
En el listado de trabajos también figura la reparación del monolito ubicado en los jardines del palacio que fue destruido a martillazos por un grupo de manifestantes, que además rompieron sus cimientos. El monolito fue levantado en 1964 y contiene una placa de mármol que puntualiza la fecha de la fundación del Palacio Legislativo, el 29 de mayo de 1881.
Corresponde, por lo pronto, considerar como razonables las expresiones del Vicegobernador bonaerense que, al condenar los destrozos, sostuvo que las organizaciones responsables de la manifestación deberían hacerse cargo de los daños. También repudiaron el hecho la Gobernadora, sumándose luego mensajes reprobatorios por parte de legisladores y dirigentes de distintos sectores políticos.
Lo cierto es que, si se permitiera que cada reclamo a las autoridades se concretara mediante estas actitudes, se estaría dando luz verde a todo tipo de expresiones caóticas e incompatibles con la vida institucional de la República. El esfuerzo por restaurar el sistema democrático fue demasiado grande y se ha sostenido durante más de 30 años gracias al aporte de todos los argentinos y no hay lugar, por consiguiente, para estas expresiones de salvajismo que intentan retrotraer las cosas a períodos afortunadamente superados.
Debe insistirse, entonces, en la necesidad de que las autoridades identifiquen a los autores de estos actos vandálicos y se les aplique el peso de la ley. Los incidentes ocurridos días pasados en la Legislatura requieren, también, de un análisis a fondo por parte de los organizadores de la marcha, para evitar que se reiteren episodios que nada tienen que ver con las demandas sectoriales y que sí se inscriben en la órbita de lo delictivo.
Urge, de todos modos, que sea el Estado, a través de la fuerza de seguridad pertinente, que extreme mecanismos de prevención más eficaces, reforzando la custodia de instituciones tan sagradas que, como la Legislatura, simbolizan la soberanía popular y no el desgobierno o la anarquía.
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