El juez federal Ariel Lijo procesó ayer a una mujer acusada de amenazar por Twitter al presidente Mauricio Macri y a su familia. Y le embargó bienes por 150 mil pesos por los gastos al Estado que ocasionaron los operativos de seguridad.
La procesada tiene 27 años, cursó estudios universitarios de historia, está desempleada y vive en Quilmes. Había publicado en Twitter, con perfil anónimo, mensajes en los que amenazó a Macri y a su familia.
En los mensajes la mujer usó una fotografía de Antonia, la hija menor del presidente, con una tachadura en su cuello como su fotografía de perfil y una leyenda que decía: "Maten a la chiquita".
Entre los mensajes intimidatorios se destacó uno en el que afirmó: "Nuestro odio lo calmaremos con sus hijos. Espero que @mauriciomacri le deje guardaespalda de por vida a Antonia". También escribió que "si algo hizo mal el kirchnerismo es no haber matado a toda la burguesía, periodistas y políticos de derecha en sus doce años de gestión".
"Pero nosotros tenemos que ir más allá... Es nuestro deber matar a sus descendientes sino esto no termina más", añadió en otro mensaje.
La causa empezó el 5 de marzo pasado por controles de rutina del Area de Cibercrimen de la Policía Metropolitana, en cuyo marco los efectivos se abocan a la prevención de delitos, contravenciones y faltas realizados en internet.
En ese contexto, se detectó al usuario "@lamarikaos" realizando publicaciones amenazantes contra el jefe del Estado. Tras las consultas al tribunal, comenzaron las tareas de inteligencia.
En su perfil de Facebook, la mujer reportó que desempeñaba tareas en el Ministerio de Desarrollo de la Nación, aunque aclaró que actualmente era "desocupada gracias al cambio".
En su indagatoria la mujer reconoció haber realizado las publicaciones, pero las atribuyó a "un exabrupto generado por el enojo" por la pérdida de su empleo.
No obstante, el juez concluyó que las expresiones de odio manifestadas eran de las prohibidas por el derecho constitucional. Asimismo, dispuso el embargo de los bienes o dinero de la procesada hasta cubrir 150 mil pesos, reparando en que las costas del proceso debían verse integradas también por los gastos en los que había incurrido el Estado frente a las amenazas (operativos de seguridad).
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