Los clubes irán a la Justicia para frenar el tarifazo de los servicios

Preocupados por la oleada de aumentos en las tarifas de los servicios básicos, más de un centenar de dirigentes de distintas instituciones de bien público de la Ciudad se reunieron ayer para definir medidas que apunten a frenar las asfixiantes subas de las facturas de luz, gas, agua y telefonía.

Y resolvieron avanzar en un pedido al Defensor del Pueblo de la Provincia para que presente un amparo en la Justicia con una doble finalidad: por un lado, reclaman “no innovar” con los nuevos valores. Por otro, exigen retrotraer las facturaciones a la fecha previa a la aplicación de los tarifazos cuestionados.

Del encuentro, que se realizó en la sede de la Federación de Instituciones Culturales y Deportivas de La Plata, participaron además concejales y senadores provinciales de todos los bloques políticos. Desde la entidad que preside Alberto Alba destacaron que tanto ediles como legisladores comprometieron su apoyo para impulsar una ordenanza con el fin de que tanto La Plata como la Provincia adhieran a la ley 27.218.

En la Federación explicaron que “se trata de una norma distinta de la que propuso reglamentar (el Secretario de Deportes de La Nación) Carlos Mac Callister”, quien días atrás prometió la puesta en marcha de la ley 27.098 de “Promoción de los clubes de barrio y de pueblo”.

En tal sentido, indicaron que la ley 27.218 contempla tarifas de servicios públicos diferenciadas para clubes y asociaciones civiles sin fines de lucro. “Es un régimen tarifario específico que pone un tope a la facturación de entidades de bien público. Hoy, por el nivel de consumo, los clubes están incluidos en la categoría comercial de “grandes consumidores”. Lo que hace esta ley es ponerlos en la categoría de usuario residencial. Por tanto, (de aprobarse) no les pueden cobrar más que la máxima de la categoría de usuario residencial de luz, gas, agua y teléfono”, señalaron.

Y ejemplificaron: “En el caso de la luz, la categoría más alta para residencial es de 1.400 kw mensual y por eso se paga $1.637 mensuales. Si una institución se excede, no le pueden cobrar más de $1.637 mensuales y si gasta menos, deben cobrarle lo que consume”, se indicó.

La ley en cuestión se aprobó en noviembre del año pasado y se promulgó en diciembre último.

Además, dirigentes explicaron que posibles excesos y derroches en la utilización del servicio deberían ser materia de reglamentación una vez que se implemente la ley.

Al mismo tiempo, avanzarán con un pedido al Defensor del Pueblo de la Provincia para que presente un amparo judicial solicitando que se ponga freno a los aumentos que jaquean a los clubes.

Asimismo, enviarán un petitorio a la gobernadora María Eugenia Vidal para que intervenga ante estos planteos y disponga medidas para auxiliar a las instituciones.

Respecto a la situación de las bibliotecas populares, que atraviesan una situación crítica por la discontinuidad de los subsidios con los que sostienen la mayor parte de sus actividades, Alba señaló que, tras intensas gestiones, recibieron la promesa comunal de que la semana entrante serán recibidos para diagramar un esquema de pagos que permita cancelar las deudas que la Municipalidad mantiene con estas instituciones.