Los celulares robados se integran a un circuito ilegal que, a pesar de tener varios eslabones visibles, no sólo no ha encontrado freno sino que ha crecido exponencialmente en los últimos años, según fuentes judiciales.
Los ladrones -generalmente delincuentes juveniles. son el primer engranaje. Trabajan, en muchos casos, para “intermediarios” que les pagan por celular y que luego “ubican” esos aparatos en el mercado clandestino”.
El intermediario -explican en ámbitos de Seguridad- lleva los teléfonos a una “cueva”, donde con una notebook, un cable USB y un software de fácil uso se “libera” el teléfono: se destraba si tiene contraseña, se le borra la información de su empresa de origen, los contenidos de la memoria y toda su numeración.
En ese proceso, el que roba el aparato asume un “riesgo comercial”: entrega el aparato a consignación y cobra después de que el intermediario lo vende. Si el teléfono no puede ser vendido, entonces no gana nada. El local que compra y vende teléfonos robados se queda con el mayor rédito: paga precios irrisorios, para después revender a cuatro veces lo que pagó.
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