Jueces a la hoguera para que viva el garantismo

Dos jueces bonaerenses fueron echados a la hoguera. Pero la doctrina que los llevó al escándalo, sigue más viva que nunca.

Se cumple un año de un acto que vació de contenido las palabras garantías, defensa y derechos. Se trató de una gran fiesta donde se competía por la propiedad intelectual de la ejecución pública de la honra de dos personas, los jueces Piombo y Sal Llargués. Los paladines del “simulacro” garantista quemaron todos los libros con su silencio.

Luego de ser arrojados a la hoguera, sin derecho de defensa alguno, y con el triste silencio de sus colegas en la Justicia y la facultad de Derecho de la UNLP, la doctrina que llevó a aquellos magistrados a producir un fallo escandaloso, continuó su derrotero en la aulas y en la Justicia. Es decir, el innoble sacrificio fue un acto simulado para calmar a los que pedían sangre. Toda una escena medieval.

Sostenidos por un aparato de Poder estatal en los últimos años, un grupo de operadores jurídicos decidió nutrir sus carreras entregando al ciudadano común a las garras de la anomia y la impunidad. En la cúspide de este sector jurídico-político se encuentra un ex Juez designado por el General Videla cuyos fallos y doctrina hicieron de la “pena” un remedio con efecto placebo.

El “garantismo” en Argentina ha producido más violencia, más inseguridad y más cárceles

El autodenominado “garantismo” que controló la gran mayoría de las instituciones jurídicas en los últimos 12 años, vio frente a sus ojos cómo la anomia se potenciaba y la sensación de impunidad (no de inseguridad) gobernaba la inteligencia de los violentos. Los beneficiados directos de convertir a la ley en un “simulacro” son aquellos que exhibieron hasta hoy dos conductas: la violencia (de género, política, social), y la corrupción. Esa misma doctrina es la que no evita que las cárceles se llenen de pobres. Es más, los militantes de esa idea jurídica en su mayoría compartieron la política que malversó la estadística pública que ocultó la pobreza. Otro fracaso de este simulacro radica en que dice proteger los Derechos Humanos y garantías constitucionales, y los hechos muestran que el resultado es el contrario. La mayoría abrumadora de la sociedad, que no es parte de las conductas violentas ni de la corrupción, son sus víctimas. Las garantías constitucionales son para todos, y entre ellas está el acceso a la Justicia y la protección del Estado frente a las acciones violentas. Las garantías constitucionales no pueden ser invocadas como garantía de impunidad. El Derecho debe imponerse frente a los violentos, ya que es la única herramienta de defensa para garantizar la vida de las personas. Si los operadores jurídicos no asumen su responsabilidad de frente a la sociedad, la Justicia como institución deberá asumirse como elemento estructural del simulacro y ver como la anomia aumenta.

La violencia descompone el tejido social, y en las personas comunes genera múltiples y negativas sensaciones que los lleva a descreer en la función de la ley y en las instituciones de la democracia. El juego político que llevó a juzgar y condenar socialmente a dos jueces y profesores universitarios fue parte de un perverso juego político, avalado por el silencio de quienes debieron hablar institucionalmente. Se decidió entonces entregarlos y así liberarse del escándalo. Desde ese momento hasta aquí, nada ha cambiado. Las cenizas de sus cuerpos siguen rotando con el viento, pero la violencia y la anomia continúan sin contención jurídica. El inspirador de la visión del Derecho que llevo al cadalso a los mencionados colegas, sigue siendo un héroe posmoderno de la ciencia, y mantiene los honores otorgados en acto público por la UNLP. La violencia continúa porque las instituciones y muchos conductores de los servicios jurídicos tienen una buena vida, y su compromiso parece estar primero con sus carreras antes que con el cumplimiento de los ampulosos juramentos de estilo.

CONTRASTES

Contrarrestando los datos tenebrosos que muestran el aumento de la violencia de género, contra los niños y en otros tantos ámbitos sociales, quiero compartir dos situaciones positivas y que deben contagiar y estimular la lucha contra la violencia y los violentos:

1) Hay algunos jueces y fiscales en el ámbito penal que son decentes, no viven de frívolas imágenes, tienen un estilo de vida decoroso, y muestran compromiso con el valor justicia. Que, aún contra la corriente hegemónica, tienen clara su misión en la sociedad y su responsabilidad frente a las víctimas de violencia.

2) La cada vez mayor presión social para estimular la denuncia de los hechos de violencia y a los violentos. La campaña “Ni una menos” es la coronación del trabajo cotidiano de la sociedad y cientos de ONGs que contienen y ayudan a las víctimas en todo aquello que el Estado y la Justicia deberían frenar.

Mientras que la hegemonía del garantismo sólo generó más violencia, más impunidad, más policías y más cárceles, en países como Suecia y Holanda, donde la ley se cumple si o si para la sociedad y el Estado, el resultado es cada vez menos delincuentes y menos cárceles.

En esos países del norte de Europa, hace bastante que dejaron de expiar los pecados mediante la quema de personas en la hoguera. Han evolucionado hasta desarrollar proyectos de nación que contemplaron la responsabilidad de personas e instituciones como líderes de la construcción social. Tal vez sea la diferencia entre los que piensan en colectivo y los que sólo trabajan para alimentar su ego para compartirlo con el espejo.

(*) Profesor de Economía Política. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales UNLP.