El decreto ley que creó el “Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico” fue firmado en 1968 por el entonces gobernador de facto de la Provincia Francisco Imaz. Originalmente, correspondía al 2 por ciento del total de la tarifa eléctrica, aunque luego fue incrementándose hasta llegar al 10 por ciento.
La recaudación debía ser destinada a financiar grandes obras eléctricas. “Sólo se hizo la central eléctrica de Bahía Blanca y nada más. Los fondos no tienen afectación específica”, explicó Marcelo Honores, titular de la Defensoría del Pueblo.
En tanto, el “Fondo Especial Grandes Obras” se creó a través del decreto ley 9.038 de 1978 y dispone el cobro del 5,5 por ciento del total consumido para el financiamiento de la Central de Acumulación por Bombeo en Laguna La Brava-Central Luis Piedrabuena, que fue inaugurada en 1988.
Las dos “contribuciones especiales” vienen siendo eje de una larga polémica que tuvo eco en la Legislatura, donde se impulsaron varios reclamos.
El último se plasmó a través de un proyecto de ley firmado por los legisladores massistas Hernán Albisu, Lisandro Bonelli y José Luis Pallares que fue ingresado en el Senado y que ya cuenta con aval de la Comisión de Usuarios y Consumidores.
“El proyecto pide la eliminación de estas dos contribuciones -explicó Albisu- en base a su inconstitucionalidad, ya que todo impuesto creado para hacer obras debe tener afectación específica y éstos no la tenían. Hoy lo recaudado va a rentas generales y no se sabe su destino”.
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