La Oficina Anticorrupción pidió ayer al juez federal Claudio Bonadio que embargue el sueldo al diputado nacional y ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, en el marco de la causa por la tragedia de Once, en la que murieron 51 personas.
Bonadio procesó el 10 de mayo a De Vido en la causa por la tragedia ferroviaria que se produjo el 22 de febrero de 2012 y le había trabado embargo sobre sus bienes por 600 millones de pesos para “garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil de las víctimas y las costas del proceso, ante el eventualidad del dictado de una futura sentencia condenatoria”.
“Ahora bien, al ser notificado del embargo el imputado manifestó que no tiene bienes ni dinero a ese fin”, dijo la OA en la presentación, con la firma de su titular, Laura Alonso, y del director de investigadores de la entidad, Arturo Gutiérrez.
La OA solicitó entonces en su rol de querellante que “se libre oficio a la dirección de Administración de la Cámara de Diputados de la Nación a los efectos de que informe si Julio Miguel De Vido percibe sus haberes ante dicho organismo y, en caso afirmativo, proceda a trabar embargo”.
LA PRESENTACION
El embargo pedido debe llegar “hasta cubrir la suma fijada en autos, en la proporción que autoriza el art. 20 de la ley 14.443, debiendo depositarse en una cuenta judicial a la espera del dictado de la sentencia definitiva en estas actuaciones”, según la presentación.
La OA consideró que “de determinarse la existencia de bienes y dinero suficiente para cubrir el embargo impuesto, el imputado podrá solicitar la revocación o modificación de la medida dispuesta por Vuestra Señoría y, en consecuencia, de las diligencias que se hayan adoptado para hacerla efectiva”.
De Vido apeló el procesamiento en su contra y el caso está bajo revisión de los jueces de la Sala II de la Cámara Federal.
En tanto, la Cámara Federal de Casación Penal recibió ayer la causa por el fallo de la tragedia de Once con el fin de revisar las apelaciones de los condenados, la Fiscalía y las querellas.
El Tribunal Oral Federal N° 2 de la Capital remitió la causa a la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, luego de que resolviera conceder los recursos presentados por las defensas, el Ministerio Público Fiscal y dos querellas unificadas 1 y 3.
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