El oficialismo buscará en el Congreso derogar una ley aprobada en el final del kirchnerismo que obliga a contar con los dos tercios de los votos de ambas Cámaras para habilitar la venta de acciones que la ANSeS tiene en empresas privadas para el pago de las sentencias a jubilados y la actualización de los haberes previsionales, que le demandarán al Estado un costo fiscal estimado en menos de 200.000 millones de pesos.
“Este es un negocio chino para el Estado. Si mañana el banco Macro, Clarín o la empresa en la que el Estado tiene acciones se retira de la Bolsa, el Estado se quedaría con acciones líquidas, sin valor”, argumentó una fuente oficial para justificar la decisión de desprenderse de esos títulos y así dar parte del cumplimiento de las sentencias que debe pagar a los jubilados nacionales, que reclaman por mal liquidaciones de haberes.
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