Ex gobernador de Chubut irá a juicio

El ex gobernador de Chubut Martín Buzzi y el ex intendente de Comodoro Rivadavia Néstor Di Pierro irán a juicio acusados de “incumplimiento de deberes de funcionario” y “desobediencia judicial” por no haber acatado cuando se desempeñaron como jefes comunales de esa ciudad un orden del Superior Tribunal sobre un litigio por un lote.

Así lo confirmaron ayer fuentes judiciales al señalar que la elevación a juicio fue solicitada por la fiscalía y la querella durante la audiencia preliminar que se realizó el viernes en los tribunales penales ordinarios.

Los dirigentes peronistas, afines al kirchnerismo, fueron imputados porque Buzzi ejerció como intendente de Comodoro entre 2007 y 2011 y Di Pierro lo sucedió hasta 2015 y ambos fueron acusados por los delitos de “desobediencia judicial en concurso ideal con violación a los deberes de funcionario público”.

El fiscal y la querella solicitaron que se eleve la causa a juicio, mientras la defensa planteó el sobreseimiento de ambos, tras lo cual el juez penal Jorge Odorisio resolvió abrir la instancia de juicio oral y público.

Las fuentes recordaron que el 14 de diciembre de 2007 el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia dictó sentencia definitiva en la causa iniciada por Idalio Dos Santos Pires contra la municipalidad para que se ejecute la sentencia que había puesto fin a un largo litigio en relación a un lote del barrio Industrial.

La parte resolutiva del fallo intimaba a la Municipalidad de Comodoro Rivadavia “a dictar en el término de cinco días” el acto administrativo que “apruebe la cesión de derechos efectuada por Delfor Martínez a favor del actor sobre el lote “e” de la manzana 65 del Barrio Industrial de la misma ciudad” bajo advertencia de intereses a razón de 500 pesos por día de retraso y con la intervención a la Justicia Penal.

En cumplimiento de la demanda, el intendente Buzzi dictó las resoluciones mediante las cuales se aprobó la cesión de derechos y resolvió otorgar el título de propiedad a favor de Dos Santos Pires.

Pero posteriormente, el mismo jefe comunal resolvió “suspender la ejecutoriedad de la resolución” que había admitido en 2008 y que fue invalidada mediante otra resolución, “dando muestra cabal de la ilegitimidad manifiesta que evidenciaba ésta desde su dictado”.