Al cabo de una extensa y difícil negociación, que obligó al oficialismo a hacer modificaciones en el texto de la norma, el Senado bonaerense aprobó anoche el proyecto que declara por el término de un año el estado de “emergencia administrativa y tecnológica” en la administración pública de la Provincia.
La iniciativa, girada a la Legislatura por la gobernadora María Eugenia Vidal, apunta a agilizar los plazos de trámites y expedientes administrativos, al modificar, entre otros aspectos, el procedimiento de contratación de bienes y servicios.
La norma fue acompañada en la votación en general por los bloques de Cambiemos, el Frente Renovador y el PJ, aunque las bancadas opositoras presentaron objeciones en la votación en particular a algunos artículos.
En tanto, el Frente para la Victoria se opuso en su totalidad a la norma al considerar que “otorga una enorme discrecionalidad a la Gobernadora para la contratación y para la compra directa”.
El aspecto que mayor polémica generó del proyecto de ley fue el referido a las modificaciones en el régimen de contratación que habilita la declaración de emergencia, en particular el que estipula que la celebración de un contrato “no generará una expectativa o derecho a prórroga ni creará una relación de dependencia”.
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