Báez acusa a Casanello de encabezar una "venganza popular"

El empresario Lázaro Báez, detenido hace exactamente un mes, acusó hoy al juez federal Sebastián Casanello de encabezar una "venganza popular" en su contra, a través  de "procedimientos inquisitivos", que implicaron su detención,  allanamientos y la incautación de sus bienes, para saciar "una  exigencia mediática de castigo".    

Fuentes judiciales que Báez aseguró que "lo están persiguiendo  por ser un empresario con plata"  y se quejó por la investigación  que encabezó en su contra la fiscalía a cargo de Guillermo  Marijuan, quien encabezó los procedimientos en Santa Cruz la semana  pasada para incautar los bienes del empresario.    

En el escrito que presentó como descargo, Báez se quejó de la  velocidad que en las últimas semanas tomó la investigación: "el  ritmo impuesto al legajo, así como la dirección de la investigación,  revelan la mutación de una investigación seria y conducida bajo  estrictos parámetros de respeto por el derecho de defensa y el  debido proceso, a la consagración del más primitivo sentimiento de  venganza popular (y judicial) canalizado a través de la mera  protocolización de actas que se incorporan a un legajo en orden  sucesivo".    

"Se da respuesta a una exigencia mediática de castigo cuya  virulencia parecería legitimar el conjunto de medidas infundadas que  lastiman los derechos y garantías constitucionales más básicos,  como la libertad, el patrimonio, la propiedad, el debido proceso y  la inocencia", dijo.    

Y añadió: "este proceso conserva más similitudes con los  métodos de la sagrada inquisición para el "juzgamiento" de culpables  que con uno de la actualidad. La hoguera mediática alimentada por  distintos actores, incluso judiciales, a diario, no está exenta del  tratamiento referido. El legajo seguramente será calificado en el  futuro como el Malleus Maleficarum de la actualidad. Así será  evocado y recordado dentro de pocos años".    

Criticó a Casanello por su "arbitraria selección de palabras"  que conformaron su imputación sin "pruebas en el expediente que  admitan" una "imputación penal", pero remarcó que su acusación "no  identifica nada" sino que solo "se describe una operación  financiera que, observada desde la actualidad normativa, no constituye  infracción alguna al ordenamiento legal", a lo que se les suma "en  forma arbitraria y caprichosa, una consideración general de ilicitud  de los fondos utilizados para llevar adelante esa operación".    

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"Me han informado que mi palabra, en esta situación, está  íntimamente vinculada a la posibilidad de ser oído, de defenderme. Sin  embargo, le pido al juez que antes de convocarme a defenderme de  algo, describa ese "algo" como un acontecimiento ilícito. Y si  sucede como en el caso, que no lo puede hacer, directamente le  solicito -por expresa imposición de la ley- que no me convoque",  advirtió.  

Por otra parte, Báez admitió que su empresa Austral Construcciones SA recibió casi 209 millones  de pesos de la firma suiza Helvetic Services Group y, aseguró que  esa plata era un préstamo para "participar en la construcción de  las represas de Santa Cruz".    

Báez apuntó además a su sociedad con la firma Calcaterra, del  primo del presidente Mauricio Macri, y disparó contra la empresa  Electoingeniería por haberse quedado a través de una "licitación  irregular" con la licitación para construir las represas "Néstor  Kirchner" y "Jorge Cepernic".    

Distintas versiones indicaban en las últimas horas que Báez  podría convertirse hoy en un nuevo arrepentido en la causa por la  "ruta del dinero k", tal como lo hizo Leonardo Fariña el 8 de abril  pasado cuando -en el rol de imputado colaborador- reveló detalles  de las operatorias de su ex jefe y el ex presidente Néstor  Kirchner para hacer negocios con la obra pública.    

Pero eso no ocurrió: Báez llegó a primera hora desde la cárcel  de Ezeiza y cerca de las 10 de la mañana fue trasladado al cuarto  piso, al despacho de Casanello, donde entregó el escrito  acompañado por sus abogados.    

Se quejó porque en la cárcel no le llega correctamente la  medicación de que se necesita para sus problemas de diabetes e  hipertensión y luego volvió a prisión.      

En su descargo, Báez justificó la legalidad de la operación  que se hizo cuando se transfirieron unos 208 millones de pesos desde  SGI a Helvectic Service Group mediante la adquisición de bonos  públicos, que luego se transferían en dólares a Suiza y volvían a  país depositados en el patrimonio de Austral.    

Báez aseguro que Helvectic era una "reconocida" empresa que  les prestó dinero para participar de la licitación para la  construcción de las represas del sur en una Unión Transitoria de Empresas  (UTE) con Austral Construcciones, la empresa Iecsa (del grupo  Calcaterra) y una compañía china.    

Tras recordar que esa licitación la perdieron a manos de  Electroingeniería mediante una adjudicación que él consideró  "irregular", Báez propuso llamar al resto de los empresarios para que  respalden sus dichos.    

Fariña -desde su rol de imputado colaborador- le recomendó a  Báez que hablara: "Seguro va a pensar que, estando preso, si calla  va a actuar en código para sus jefes y mágicamente le va a venir  una mano. Eso nunca va a pasar (...); espero que diga lo que  realmente pasó para que no les cague la vida a los hijos".    

Martín Báez, hijo del empresario y protagonista del video de  La Rosadita, ya está procesado y debe declarar mañana por la misma  operatorio por la que hoy había sido convocado su padre.