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Jaime justificó subsidios a concesionarios ferroviarios

Jaime justificó subsidios a concesionarios ferroviarios

Por Redacción

El ex secretario de Transporte kirchnerista, detenido en la cárcel de Ezeiza, declaró ante la Justicia que de ello dependía "el pago de los salarios" y "la continuidad de los servicios"


El detenido ex secretario  kirchnerista de Transportes Ricardo Jaime buscó hoy justificar en la Justicia los pagos de subsidios que en 2003 hizo a los concesionarios  de trenes, al afirmar que de ello dependía "el pago de los  salarios" y "la continuidad de los servicios".     
Fuentes judiciales confiaron que el ex funcionario, quien  cumple prisión preventiva en la cárcel de Ezeiza, entregó un escrito  con esos y otros conceptos en la audiencia de declaración  indagatoria que prestó esta mañana ante el juez federal Marcelo Martínez  de Giorgi, quien investiga supuestas irregularidades en los  subsidios.    

La investigación determinó que en 2003 un informe interno de  la subsecretaría de Transporte Ferroviario le aconsejaba a Jaime la  suspensión del pago de los subsidios hasta conseguir que los  concesionarios cumplieran ciertos requisitos.     

Sin embargo, el ex secretario de Transporte aseguró hoy que  nunca tuvo conocimiento de aquella sugerencia de un subordinado suyo  y que, por el contrario, un informe de la Subsecretaría de  Transporte Ferroviario “recomendaba la continuidad de los subsidios”.   

De todos modos, Jaime admitió que el entonces subsecretario  Julio Montaña le recomendaba que intimase a los concesionarios a  “regularizar los incumplimientos contractuales” y aseguró que esa  sugerencia “efectivamente ocurrió”.    

Jaime ya fue condenado tres veces a una pena unificada de seis  años de cárcel por la tragedia de Once, por dádivas y por el  intento de destrucción de pruebas en un allanamiento; espera juicio  oral por enriquecimiento ilícito y está siendo investigado en una  veintena de expedientes.     

Hasta el pasado 4 de abril gozaba de libertad pero ese día se  entregó a la policía en Córdoba al enterarse que el juez federal  Julián Ercolini había dispuesto su captura en la causa en que se  investigan anomalías en la adquisición de 298 trenes a España y  Portugal en 2005 por unos 1.500 millones de pesos, que eran usados y  no servían o no podían adaptarse a la red ferroviaria local.  

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