Martín Báez, el hijo del empresario Lázaro Báez y procesado en la causa por la llamada "ruta del dinero k", criticó la "novelesca" acusación en su contra, cuestionó que se lo persiga por su poder patrimonial y equiparó la confiscación de sus bienes con una "reclusión perpetua" anticipada.
Siguiendo los argumentos plasmados por su padre ayer en su propia indagatoria, Martín Báez se presentó en el cuarto piso del edificio de Comodoro Py 2002 con un escrito preparado por sus abogados -los mismos que su progenitor- en donde repitió que no está clara la acusación en su contra y que la relación de su padre con Helvetic Service Group (HSG) fue "lícita".
También habló de la necesidad de armar un conglomerado de empresa, junto a la firma Calcaterra y socios chinos, para construir las represas en Santa Cruz, "una vieja deuda hídrica para la provincia", y señaló: "Era común, en esa época, escucharlo repetir que sin financiamiento estatal no había posibilidad de llevar adelante el mega proyecto".
"Únicamente, la incorporación de socios con solvencia suficiente podría colocar a Austral Construcciones (ACSA) en posición de competir de igual a igual. La incorporación de capitales chinos colocaba a la empresa de mi padre en una posición igualitaria, por lo menos él estaba convencido de que, sólo así, lograría obtener la adjudicación. Es así, tengo entendido, que la empresa HSG se interesó en el proyecto y avanzaron las negociaciones", señalo.
Los Báez fueron convocados a ampliar su indagatoria porque "Helvetic Services Group S.A. habría reingresado al país 33 millones de dólares insertados en el mercado local a partir de su depósito en una cuenta bancaria de Austral Construcciones S.A. en el Banco de la Nación Argentina, a través de nueve cheques endosados" por el apoderado de Helvetic, Jorge Chueco y depositados por dos integrantes de Austral Construcciones-.
En su escrito, Martín Báez también resalto su condición de "accionista minoritario" en Austral Construcciones, con un cinco por ciento: "es justamente la condición de accionista minoritario la que me aleja aún más de esta imputación", dijo.
Pero además afirmó que "el dinero producto de la liquidación de títulos públicos no guarda relación con ninguna maniobra ilícita" y se preguntó: "¿Acaso tener un patrimonio importante implica necesariamente disponer de fondos ilícitos?".
Tras sostener que "es el propio Fiscal quien emprendió un camino destinado al fracaso al iniciar su novelesca imputación de legitimación de activos", Martín Báez advirtió que "la legitimidad de la operación fue convalidada por el oficial de cumplimiento del Banco de la Nación Argentina.
Opinó que "se habla de dinero procedente de fuentes ilícitas como si se tratara de una ficción mal guionada despreciando el sistema de garantías constitucionales y las reglas que rigen el proceso penal" y afirmó que "el hecho de tener una solvencia patrimonial considerable o manejar un importante caudal de dinero no define la hipótesis de 'lavar mucho dinero'".
"Se impone a mi familia la pena económica total (lo equiparable a la reclusión perpetua con más la accesoria por tiempo indeterminado de cuya constitucionalidad es probable que V.S. haya renegado) al proceder a la confiscación de prácticamente la totalidad de los bienes. No se ha probado la ilicitud del patrimonio de mi familia", clamó.
Al igual que su padre, el joven reclamó una pericia contable y otra sobre "los videos aportados a la investigación", puntualmente el de la financiera La Rosadita.
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