Una vez solucionado el problema con los fondos buitre, más allá de que aún queden litigios sin resolver, lo que permite al Gobierno volver a los mercados de capitales, también se allanó el camino para que las provincias salgan a buscar fondos en el exterior.
La provincia de Buenos Aires encabezó la tendencia de endeudarse en moneda extranjera, cuando emitió obligaciones por 1.900 millones de dólares, que ingresaron a las arcas del Banco Central aún antes del acuerdo con los holdouts.
Pero ahora por lo menos once distritos evalúan hacer colocaciones este año que, en total, podrían superar los 4500 millones de dólares.
La búsqueda de financiamiento externo es apoyada por la Casa Rosada que avisó a los gobernadores que en adelante deberán hacerse cargo de una porción de las obras públicas que antes solventaba por completo la Nación.
Lo cierto es que los mandatarios evalúan las opciones después de los US$ 16.500 millones que consiguió Mauricio Macri a una tasa promedio de 7,2% para pagar a los holdouts y cerrar el litigio luego de catorce años. Algunos están avanzados en el proceso, otros aguardan que el interés se planche más.
Con la esperanza de revertir la curva, los gobernadores parten de un diagnóstico crudo. A la caída general del consumo y los conflictos locales, le suman que las arcas provinciales sufren por reformas que impactan en la masa de coparticipación, es decir, que esperan menos recursos de la Nación.
Además, la modificación del mínimo no imponible de Ganancias y el efecto en el fondo sojero por la baja de retenciones a los granos implicaron otra caída. También repercutirá, cuando se apruebe en el Congreso, la reducción del IVA para sectores vulnerables.
En esa ecuación negativa, la relación de los gobernadores con la Casa Rosada está atada a que pronto se haga realidad la devolución del 15% de fondos coparticipables, que durante más de dos décadas se descontaron para financiar la seguridad social. La negociación está abierta y significará para este año la restitución de 3% en efectivo, más otro 3% en un título. Esa compensación sirve, como mucho, para contrarrestar lo que se quitó por otro lado. El Gobierno será el árbitro del endeudamiento de las provincias, que necesitan de su aval para concretar cada operación. El criterio que se impone a priori es claro: dependerá de la situación de las cuentas públicas de la jurisdicción
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