Martín Báez, el hijo del empresario Lázaro Báez y procesado en la causa por la llamada “ruta del dinero k”, criticó la “novelesca” acusación en su contra, cuestionó que se lo persiga por su poder patrimonial y equiparó la confiscación de sus bienes con una “reclusión perpetua” anticipada.
Siguiendo los argumentos plasmados por su padre un día antes en su propia indagatoria, Martín Báez se presento en el cuarto piso del edificio de Comodoro Py 2002 con un escrito preparado por sus abogados -los mismos que su progenitor- en donde repitió que no está clara la acusación en su contra y que la relación de su padre con Helvetic Service Group (HSG) fue “lícita”.
También habló de la necesidad de armar un conglomerado de empresa, junto a la firma Calcaterra y socios chinos, para construir las represas en Santa Cruz, “una vieja deuda hídrica para la provincia”, y señaló: “Era común, en esa época, escucharlo repetir que sin financiamiento estatal no había posibilidad de llevar adelante el mega proyecto”.
ACCIONISTA MINORITARIO
En su escrito, Martín Báez también resalto su condición de “accionista minoritario” en Austral Construcciones, con un cinco por ciento: “es justamente la condición de accionista minoritario la que me aleja aún más de esta imputación”, dijo. Pero además afirmó que “el dinero producto de la liquidación de títulos públicos no guarda relación con ninguna maniobra ilícita” y se preguntó: “¿Acaso tener un patrimonio importante implica necesariamente disponer de fondos ilícitos?”. Tras sostener que “es el propio Fiscal quien emprendió un camino destinado al fracaso al iniciar su novelesca imputación de legitimación de activos”, Martín Báez advirtió que “la legitimidad de la operación fue convalidada por el oficial de cumplimiento del Banco de la Nación Argentina.
Al igual que su padre, el joven reclamó una pericia contable y otra sobre “los videos aportados a la investigación”, puntualmente el de la financiera La Rosadita.
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