Los miles de despidos producidos recientemente en el Estado nacional, provincial y municipal en diversos lugares de la República, exigen repasar y repensar algunos de los vectores que atraviesan la problemática de las administraciones públicas.
La sociedad civil, a los fines de su mejor y más justa organización, se da un Estado al que dota de funcionarios y empleados públicos, para que estos lleven a cabo los cometidos que la propia sociedad le va haciendo saber, mayormente a través del voto, pero también a través de peticiones, actos políticos, expresiones sindicales, entre otras.
Entonces, en cada nivel de estatidad se pone en marcha un circuito relacional entre la sociedad civil y el Estado, mediante el cual habrá entre ellos diversas prestaciones y contraprestaciones de bienes y servicios. Así, por ejemplo, la sociedad le exigirá al Estado que la provea de salud, educación, seguridad, justicia y le facilite en lo posible el acceso al crédito y a la vivienda, a la par que, por su parte, la población se compromete a respetar las leyes, financiar los gastos estatales mediante el pago de impuestos, participar de la vida política (como mínimo votando), y llegado el caso extremo de una guerra, hasta armándose para la defensa de la patria.
¿Cuanto empleo publico es necesario?
Desde un punto de vista legal, hay que tener presente que a contrario de lo que sucede con cualquier persona humana o jurídica de derecho privado, las administraciones públicas solo pueden hacer aquello que la ley de manera expresa o contextual les autoriza.
Entonces, como se ve, la diferencia entre la libertad de la gente y la posibilidad de actuación del Estado es abismal (tan abismal como la cantidad de poder de uno y otro). En virtud de ello bien puede decirse que los individuos vivimos en un mar de libertad con islotes de prohibiciones, mientras que la administración pública se desenvuelve en un mar de prohibiciones con algunos islotes donde efectivamente puede ejercer sus legales prerrogativas públicas.
Y está muy bien que el ordenamiento jurídico funcione de dicha manera, toda vez que hace a la esencia del constitucionalismo operar como un freno formal y conceptual al poder estatal, dado que así se protege a la ciudadanía de los abusos del “gran hermano” que es el Estado.
Más allá de las diversas formas de organización estatal que la sociedad civil se haya dado se suele entender que la administración pública debe corresponderse con la lógica política que le de fundamento. Lo cual equivale a decir que la cantidad y calidad de agentes deben estar en sintonía con la cantidad y calidad de los bienes y servicios que se quieran prestar desde el Estado. Desde luego, es de suponer que en un Estado de bienestar la cantidad de agentes públicos que se requieran será mayor a la solicitada por un Estado neoliberal, por la sencilla razón de que el primero está diseñado para tener más intervención en la vida social que el segundo, necesitando por ende brindar más funciones y servicios que el Estado neoliberal.
Entonces, puesto que resulta crucial ocuparse del tamaño y calidad de las administraciones públicas, ello necesariamente implicará prestar atención a la cantidad y calidad de los agentes públicos. Y aquí lo primero que hay que destacar es que, al menos en la provincia de Buenos Aires y sus 135 municipios, por lo general no se sabe cuánta gente se necesita trabajando en el Estado, ni qué tipo de competencias deben poseer, sencillamente porque no se han tenido políticas públicas al respecto.
Si no está previamente modelizado qué se quiere hacer, fácilmente se coliga que mal se podrá saber cuántos agentes se requieren, ni qué tipo de aptitudes y actitudes deberían poseer para ingresar a la función pública
Ergo, si no está previamente modelizado qué se quiere hacer, ni cómo se quiere hacer algo y encima no hay diseño de una política sobre el particular, fácilmente se coliga que mal se podrá saber cuántos agentes se requieren, ni qué tipo de aptitudes y actitudes deberían poseer para ingresar a la función pública o para hacer carrera en ella.
Según comenta el Lic. Horacio Cao, puede estimarse que las administraciones públicas provinciales cuentan aproximadamente con casi 1,75 millones de empleados, lo que las hace, en su conjunto, las principales empleadoras del país. En cuanto a la cantidad de personal municipal, ocurre un fenómeno parecido al descrito en las provincias.
En efecto, si bien se suele decir que el personal municipal se ubica en orden al 1 % de la población, se evidencia que ello no se condice con la realidad, dado el notorio incremento de agentes durante los últimos años. Se estima a partir de los pocos datos existentes, que el promedio de personal en los municipios bonaerenses de menos de 100.000 habitantes equivale al 1,5% de la población, mientras que en los que superan ese tamaño representa el 0,6%, con grandes variaciones dentro de cada grupo.
Asimismo, otros especialistas en gestión pública, como Oscar Oszlak, sostienen que el Estado padece el síndrome del “sobra-falta” en materia de empleo, ya que le sobraría gente con baja formación educativa, a la par que le estaría faltando gente más preparada intelectualmente.
En “El Príncipe”, Maquiavelo le recomendaba al rey que hubiera llegado al poder mediante un golpe de Estado, que las matanzas de adeptos del rey depuesto que indefectiblemente tuviera que realizar: fueran las mínimas posibles, que las realice velozmente. Y lo principal, que una vez hecha esa purga no se ataque ni moleste a nadie más. Ello al efecto de que todo el reino pueda vivir tranquilo a sabiendas de que ninguna otra persona perdería su vida, honores, ni bienes.
Trayendo esto a cuento de todos los expulsados del Estado que venimos viendo en estos últimos meses, veríamos con agrado que a los fines de minimizar daños, las políticas de reducción de personal al menos se lleven a cabo aplicando dicha lógica. Lo que en concreto se traduciría como: no abusar de las precarias condiciones legales en que se encuentra una gran mayoría de agentes públicos de todo el país y por tanto no expulsar a aquellos empleados que llevan años trabajando honestamente en el Estado nacional, provincial o municipal.
Desde luego, es totalmente legítimo terminar con los “ñoquis” de todas las jurisdicciones, pero dejemos adentro de las estructuras estatales a aquellos agentes públicos idóneos que trabajan cotidianamente, sean del partido que sean, ya que los despidos de personal han de ser siempre la última ratio del sistema.
(*) Profesor titular Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UCALP.
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