Las políticas públicas tienen una deuda pendiente con un cuarto de los trabajadores que no son asalariados y que están altamente discriminados por malas regulaciones que los asumen como si fueran titulares de grandes corporaciones en lugar de considerarlos como lo que son, esto es, simples trabajadores, destaca un informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) . La exclusión más comentada es la de los trabajadores asalariados no registrados (o “en negro”). Es decir, trabajadores cuyo empleador no cumple con la legislación laboral. Menos tenidos en cuenta son los trabajadores independientes. Personas que por ser ellos mismos los generadores de su propio trabajo, no acceden a los derechos laborales.
Según los datos oficiales del INDEC correspondientes a la población urbana de todo el país para el año 2014 se observa que en la Argentina hay 15,7 millones de ocupados urbanos de los cuales 11,8 millones son trabajadores asalariados con empleadores y 3,9 millones son trabajadores no asalariados, es decir, sin empleadores. Estos datos muestran la masividad del trabajo independiente. La gran mayoría (3,2 millones) son cuentapropistas acompañados por otros 100 mil familiares que figuran como trabajadores sin salario”. En suma, 1 de cada 4 trabajadores es un no asalariado que no tiene derechos laborales.
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