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Opinión |EDITORIAL

El derecho a peticionar frente al derecho de circular libremente

8 de Mayo de 2016 | 01:30

Una vez más -y a lo largo de las últimas dos semanas- volvieron a hacerse ver y sentir los cortes de calles en el centro de la Ciudad y el sólo intento de cruzar el microcentro, ya sea en un auto particular, en taxi o en algunas de las líneas de ómnibus se convirtió en una aventura con final incierto, aún cuando miles de personas terminaron embotelladas y sin poder salir de ese trance durante largos minutos por los cortes de calles ocupadas por las manifestaciones de protesta.

Los bocinazos y demoras no dieron respiro en las últimas jornadas, especialmente en los horarios centrales, y el padecimiento alcanzó por igual a automovilistas, pasajeros de medios de transporte y también a los peatones, muchos de los cuales debieron disponer de grandes cuotas de imaginación para adivinar cuál era el itinerario alternativo de los ómnibus o, en otro caso, afrontar los riesgos propios de avanzar en un laberinto de vehículos.

En las últimas jornadas se sumaron movilizaciones de protesta realizadas por diversos sectores gremiales, cuyas columnas de manifestantes realizaron cortes parciales o totales de tránsito en zonas como las de Tribunales, la Municipalidad, la avenida 7 a la altura del ministerio de Economía y las calles adyacentes a la Casa de Gobierno, sin dejar de mencionar a la calle 44 entre 4 y 5 donde se encuentra la sede de Uocra. A esas manifestaciones de naturaleza gremial se sumó, asimismo, el corte de calle que hicieron alumnos de la Normal 1, que así reclamaron por mejoras para el edificio de 51 entre 14 y 15. También gravitó la multitudinaria marcha de jóvenes para reclamar por el boleto estudiantil gratuito.

Estos datos por si solos explican que durante varios días el centro de La Plata se haya visto profundamente alterado. En algunos casos, los manifestantes colocaron rejas o cintas para impedir el tránsito en algunas cuadras de las avenidas 7 y 13, acompañándose las protestas con el lanzamiento de ruidosos petardos.

A lo largo de las últimas décadas se ha señalado reiteradamente en esta columna que son cada vez más los sectores que de continuo apelan a la práctica de cortar calles, invocando distintas reivindicaciones. Ahora se vienen sumando, tal como acaba de señalarse, algunos grupos de alumnos –es decir, de apenas adolescentes- que cortan calles para plantear alguna demanda de naturaleza escolar.

En cada una de esas ocasiones, se ha enfatizado acerca de la necesidad de que las autoridades adopten medidas que apunten a evitar la repetición casi cotidiana de una metodología de expresión, que se traduce en graves e injustos perjuicios para la población en general. Este reclamo se ha mantenido no sólo a lo largo de todos estos años, sino de la sucesión de administraciones de distinto signo político. También se ha insistido en que no se trata de cuestionar un derecho tan básico como es el de peticionar, imprescindible para garantizar la existencia de un sistema democrático. Pero, se ha dicho también siempre, ese derecho debe ser ejercido, como es natural, en el marco de las reglas de convivencia.

Así como está contemplado en la Constitución el derecho de peticionar ante las autoridades, también se encuentra establecido el mandato de hacer respetar la libre circulación y el debido uso de los espacios públicos. Los funcionarios municipales, provinciales y nacionales -entre ellos los jueces y fiscales- están, por consiguiente, obligados a evitar que, la repetición casi cotidiana de una metodología de expresión, se traduzca en injustas restricciones y perjuicios a la población en general.

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