“Intentaremos recuperar para el Estado las propiedades de Lázaro Báez o de cualquier otra persona que haya defraudado las arcas públicas, para después sacarlos a remate”, anticipó el Procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Balbín.
Lo dijo al valorar como “muy útil” al proyecto del oficialismo que apunta a recuperar activos en los casos de defraudación al Estado, iniciativa que -adelantó- permitirá que “cualquier persona que haya cometido un fraude en perjuicio de la administración pública podrá perder todo lo que haya adquirido en forma ilegítima”, explicó.
“El nuevo proyecto establece un mecanismo completamente distinto al del Código Penal y mucho más eficaz”, ponderó Balbín, y detalló que “la Unidad de Información Financiera, con una investigación preliminar, identificará al bien adquirido con dinero ilícito, y nosotros, en la Procuración del Tesoro, impulsaremos el juicio”.
“Con la futura ley, el Gobierno no necesitará iniciar un juicio penal ni esperar una condena” para avanzar contra un patrimonio adquirido de manera ilegal, señaló, ya que “bastará con que el Gobierno -la Procuración del Tesoro- presente una demanda civil ante un juez federal civil y comercial”.
Sin embargo, Balbín afirmó que la extinción del dominio “no se usará para perseguir los bienes de cualquier delincuente, sino los de quienes cometieron delitos contra el Estado”, y opinó que “la sociedad necesita que no se pierdan tantos miles de millones a manos de funcionarios corruptos”.
En tanto, un alto funcionario de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) declaró ante la Justicia que ese organismo tributario y la Casa Rosada impulsaron durante los últimos años del kirchnerismo múltiples medidas dirigidas a proteger a Lázaro Báez, evitarle problemas penales e impedir que el fisco nacional le cobrara miles de millones de pesos.
El testimonio judicial de Jaime Mecikovsky, quien llegó a ocupar uno de los puestos más altos dentro de la Afip hasta que lo desplazaron junto con otros funcionarios por investigar al poder, fue acompañado por copias de resoluciones internas del organismo, memorandos e incluso correos electrónicos impresos que confirmaban sus dichos. En ellos quedan mencionados como supuestos partícipes de las maniobras la ex presidenta Cristina Kirchner -siempre nombrada como “la Señora”-, el ex titular de la Afip Ricardo Echegaray, el ex jefe de Gabinete Jorge Capitanich y el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, entre otros.
SUSCRIBITE a esta promo especial