La Dirección General de Cultura y Educación bonaerense decidió jubilar de oficio a 1.500 docentes y 400 auxiliares docentes que se encuentran realizando tareas pasivas y que “cumplen con los requisitos” para retirarse de la actividad “accediendo al beneficio jubilatorio máximo”, aseguraron en la sede de la cartera educativa provincial.
La resolución, que fue publicada en el Boletín Oficial el martes último, traería consigo el “compromiso” del gobierno bonaerense de cumplimentar los trámites jubilatorios en 60 días, afirmaron fuentes de un gremio de trabajadores estatales.
Pero el tema llegará a la Justicia este lunes. Las cinco entidades que integran el Frente Gremial Docente Bonaerense (Feb, Suteba, Sadop, Uda y Amet) estuvieron reunidas hoy y, según anticiparon a este diario, el lunes realizarán una presentación judicial contra la medida por considerar que “vulnera derechos de los trabajadores” y alcanza a personal que “no se encuentra en condiciones de jubilarse” con la máxima.
En Educación indicaron que los docentes incluidos en el listado ya superaron los 50 años de edad y los 25 de servicio que la ley estipula para la jubilación del sector. Asimismo comentaron que “se incorporó otro parámetro por decisión de la gestión, como el de aquellos agentes con ‘tareas pasivas definitivas’, o sea, con más de 3 años fuera de las aulas”.
Cabe aclarar que se conoce como tareas pasivas a las que cumple un docente o auxiliar que por razones de salud u otros motivos desempeña una tarea no específica. Por ejemplo, una maestra que en lugar de dictar clases realiza trabajos en la secretaría de la institución.
“El mismo día (7 de junio) que nos reunimos con las autoridades educativas para pedir que se agilicen los expedientes jubilatorios demorados, que provocan que miles de docentes retirados estén cobrando el 60%, se publicó en el Boletín Oficial la resolución de jubilaciones de oficio y ni siquiera nos avisaron”, expresó la dirigente del Frente Gremial, Laura Torre, para indicar que “todos los integrantes” de esa organización decidieron judicializar la decisión gubernamental.
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