El gobierno de María Eugenia Vidal derogó los artículos del polémico decreto que imponía penas de dos años a periodistas y a “terceros” que hicieran públicas las declaraciones juradas de bienes que los funcionarios del Ejecutivo, policías y penitenciarios están obligados a presentar.
Así se dio a conocer en el Boletín Oficial durante la jornada del viernes. De este modo el decreto número 661 suprimió los artículos 1, 2 y 7 del decreto 647, que fue dado a conocer el miércoles pasado y en el que se estableció la reglamentación de la declaración patrimonial en la Provincia.
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