El padre José María "Pepe" Di Paola, que realiza diversas actividades sociales en barrios pobres de San Martín, en el conurbano bonaerense, recibió en su parroquia facturas de electricidad con incrementos de más del 300%, por lo que recurrió al Ministerio Público Fiscal (MPF) para ser incluido en la tarifa social. Este aumento "podría afectar la continuidad de actividades de carácter social, como apoyo escolar, escuela de oficios, servicios religiosos, actividades deportivas, recreativas y artísticas, asistencia jurídica y social, entrega de ropa y alimentos y otras comunitarias”, indicó el sacerdote.
Lo hizo en un acta que suscribió en la Agencia Territorial de Acceso a la Justicia (Atajo) que funciona en José León Suárez, que depende de la Dirección General de Acceso a la Justicia del MPF. El padre Pepe destacó que su capilla “atiende a la población que vive en la villa La Cárcova, Villa Curita, Barrio Independencia y 13 de Julio”, y solicitó que su parroquia San Juan Bosco sea incluida en la tarifa social. La Dirección informó que hoy presentó ante el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) un escrito solicitando la aplicación de un régimen tarifario diferencial para la iglesia, en virtud de los alcances de la ley 27.128, que estableció tarifas menores para entidades cuyo principal objetivo es el bien común.
El reclamo se suma a otros similares formulados en Atajo por los centros culturales porteños y el cura de la Isla Maciel, Francisco Olveira, recordó el MPF en su portal fiscales.gob.ar. En abril último la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, y el padre Pepe, firmaron un convenio de cooperación, que permitió la apertura de la oficina de atención móvil de Atajo en un Centro de Atención Vecinal, situado en el cruce de la avenida Márquez y Profesor Aguer, en José León Suárez, partido bonaerense de San Martín.
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