En pleno debate parlamentario sobre la propuesta para abonar los juicios atrasados a los jubilados, el tema de la disponibilidad de los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (creado a partir de la estatización de los ahorros de los jubilados en las eliminadas AFJPs) genera también controversias. Hay que recordar que buena parte de este fondo está depositado en títulos y acciones de empresas, que se autorizarían a liquidar.
Según un informe de la consultora Management & Fit, el Gobierno hace una ambiciosa jugada a tres bandas. Intentará adelantar una recuperación económica que viene demorada (y sería más débil de lo anticipado), calmar el malestar social que se siente en la calle y recuperar la iniciativa política de las manos de la oposición.
Ahora bien, que la apuesta tenga un saldo positivo dependerá de lograr la aprobación del Congreso cuanto antes, algo que no está 100% garantizado. Una vez aprobada la ley, la velocidad de implementación también será relevante para analizar su efecto, aunque desde la propia ANSeS estiman que normalizar la situación demandará 2 años. Entonces, el impacto se sentiría débilmente a partir del último trimestre y con más fuerza a partir del 2017, año electoral.
El Estado reconocerá los errores de cálculo en las jubilaciones y ofrecerá pagar la retroactividad correspondiente. La ANSeS acatará las sentencias de la Corte Suprema en los casos Badaro (ajuste por la falta de movilidad entre 2002 y 2006) y Elliff (falta de correcto ajuste hasta 2009 sobre los sueldos de los últimos 10 años de referencia para el cálculo del haber inicial) y hará una oferta a los jubilados. El costo fiscal estimado del reajuste de haberes sería de $75.000 millones anuales.
Al margen de lo anterior, que depende de la aprobación del Congreso, el Presidente firmará un decreto para modificar los coeficientes que permiten calcular el haber inicial de los nuevos jubilados, de forma tal que no tengan que hacer un reclamo judicial para percibir el monto correcto. Las estimaciones oficiales mencionan un costo anual de $1.946 millones para el cambio de coeficientes.
El impacto fiscal de la propuesta es considerable. A priori el costo totaliza $130.000 millones (1,9% del PBI), suma de un stock de $50.000 millones (0,7%) y un flujo anual de $80.000 millones (1,2%). El impacto pleno sobre las finanzas de la ANSeS se sentirá, por lo menos, a partir de los 2 años de implementada la medida debido a que el organismo prevé poder regularizar sólo 100.000 casos por mes.
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