El polémico desarrollo que tuvo en los últimos meses el proceso de designación de los nuevos jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación –con la aprobación anteayer de los pliegos en el Senado, en donde el oficialismo obtuvo una amplia mayoría- se vio condicionado por el reclamo impulsado por algún sector político para elevar su actual número de 5 a 9 magistrados. Esta intención, inclusive, fue expresada en el recinto desde un bloque opositor durante el trámite de designación de los nuevos integrantes.
En realidad, desde el retorno de la democracia en 1983 resultó una suerte de leit-motiv de algunos sectores políticos y legislativos la variación del número de miembros de la Corte, en medidas que en alguna oportunidad se concretaron o que, en otras, no pasaron de ser un proyecto.
Es preciso señalar que tales variaciones no respondieron al detenido análisis de pautas técnicas u objetivas, sino que se vieron subordinadas a cuestiones de coyuntura ligadas a las conveniencias políticas de las mayorías de turno.
Un primer intento para elevar la Corte se produjo en 1987 durante la administración del presidente Alfonsín y EL DIA, en diciembre de ese año, expresó su abierta discrepancia con ese proyecto. Se explicitó que aquella no era la vía para solucionar los problemas de fondo del Poder Judicial, advirtiéndose que se apostaba por una medida muy parcial que, además, podría resultar contraproducente. Así, se cuestionó la argumentación del Poder Ejecutivo en el sentido que el incremento del número de jueces apuntaba a aliviar los inconvenientes que generaba la sobrecarga de causas. En ese sentido, se destacó que el aumento del número de miembros no podría aliviar el trabajo del alto tribunal ya que, por el contrario, se aumentaría el número de votos requeridos para cada caso, lo cual haría crecer previsiblemente el tiempo necesario para alcanzar una decisión.
La Corte fue ampliada de cinco a nueve miembros en 1990 durante la administración del presidente Menem y a partir de allí fue duramente criticada por carecer de la suficiente independencia del Poder Ejecutivo. Algunos de sus integrantes fueron acusados de conformar lo que se llamó una mayoría automática, en lo que resultó ser un severo retroceso del grado de absoluta independencia que debe mantener la Justicia frente a los otros poderes. Finalmente, la ley 26.183 de 2006 volvió a dejar integrada a la Corte con la cantidad de cinco jueces.
Tal como se señalado reiteradamente, la ampliación de la Corte no pareció haber contribuido -sino todo lo contrario- a reforzar la independencia del máximo tribunal ni tampoco a agilizar o hacer más eficiente la tarea a su cargo. El funcionamiento de ese órgano judicial -según coincidieron los especialistas- se hizo más pesado, burocrático y hasta antieconómico, con una multiplicación de gastos que le hizo merecer justificados reparos.
No puede ignorarse que la ampliación dispuesta en 1990 surgió atada a las necesidades políticas del Poder Ejecutivo, necesitado entonces de contar con una Corte permeable a las necesidades y pretensiones políticas del Gobierno de aquel momento. En ese sentido, el regreso a la tradición histórica de cinco integrantes, dispuesta en 2006 por la administración del presidente Kirchner, fue valorada como una idea institucionalmente sana.
Correspondería, por consiguiente, que los legisladores desistan de toda iniciativa que apunte a incrementar el número de miembros de la Corte, canalizándose en cambio los mayores empeños en fortalecer la calidad institucional de un tribunal que debe ser fiel intérprete de la Constitución y de las leyes, defensor de la justicia y rector de la vida pública, que debe permanecer ajeno a toda presión partidista.
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