La Provincia frena designaciones y los gremios irían a la Justicia

El gobierno bonaerense se apresta a poner en vigencia un decreto que suspende las designaciones de personal en las plantas permanente y temporaria del Estado y dispone el congelamiento de vacantes. La medida, aún sin entrar en vigencia, ya generó una intensa polémica: los gremios la rechazaron de plano y anticiparon que llevarán su reclamo a la Justicia.

El decreto lleva al número 618 y sería publicado por estos días en el Boletín Oficial. Lleva la firma de la gobernadora María Eugenia Vidal y de sus ministros de Economía, Gobierno y Gestión Pública, Hernán Lacunza, Federico Salvai y Roberto Gigante, respectivamente.

Se trata de una medida que, con matices, también adoptó la anterior gestión de Daniel Scioli. Pero en el caso de Vidal, va un paso más allá: frena todas las designaciones de personal que estaban en marcha durante la vigencia de la medida que será de un año, con posibilidad de extenderla a dos.

Según se consigna en el decreto, el congelamiento de vacantes y la suspensión de designaciones obedece a la necesidad de “superar la insuficiencia de recursos económicos y financieros” y “preservar el equilibrio presupuestario sin afectar las prestaciones esenciales a cargo del Estado”.

PASES FRENADOS

Con esta medida, no sólo quedará vedada la designación de temporarios, sino que además se frenarán los pases a planta permanente de una numerosa cantidad de personal que ya cumplió dos años como transitorio y está en condiciones legales de ser efectivizado.

El decreto establece excepciones. Deja afuera al personal docente y no docente, policías, penitenciarios, personal profesional hospitalario y de enfermería y el área de Minoridad.

En el caso de la fuerza de seguridad, sólo podrán incorporarse oficiales de Policía del subescalafón General y Oficial Subayudante del subescalafón Comando.

Otro de los artículos controvertidos establece que los cargos vacantes y que no podrán cubrirse, serán “puestos de inmediato a disposición del Ejecutivo, a los efectos de utilizarlos conforme los lineamientos que se determinen en el futuro para la gestión del capital humano en el Estado provincial”.

De tal forma, queda abierta la posibilidad de que sean eliminados de la estructura con el fin de ir achicando la planta de personal.

Los gremios, como se dijo, reaccionaron con dureza. Los enrolados en Fegeppba expresaron su “repudio al accionar gubernamental de ignorar la intervención de las organizaciones sindicales, desconociendo y violando abiertamente el ámbito paritario”.

Fegeppba reclamó que Vidal derogue esa disposición y reclamó una reunión urgente con el ministerio de Trabajo “para plantear la grave situación en perjuicio de los derechos e intereses de los trabajadores públicos que generará la eventual aplicación del decreto”.

Finalmente, y tras declararse en estado de alerta y movilización, Fegeppba anticipó que recurrirá a la Justicia donde planteará la inconstitucionalidad de la disposición oficial.

“Están queriendo realizar una reforma estructural en el Estado que apunta a moldearlo aún más al servicio de los sectores más concentrados, precarizando las relaciones laborales. Como ya lo dijimos con la ley de Emergencia Administrativa y Tecnológica, el gobierno provincial avanza en dos sentidos. El primero, el de habilitar a los grupos del sector privado a hacer todos los negocios sin ningún control del Estado. Y, el otro, el de precarizar las relaciones laborales de manera extrema con la creación del contrato autónomo, que avanzan sobre los derechos laborales”, disparó por su parte el secretario general de ATE, Oscar de Isasi.