López llegó a los gritos, no declaró y terminó en Ezeiza

El ex secretario kirchnerista de Obras Públicas José Francisco López se negó a declarar como imputado de enriquecimiento ilícito ante el juez federal Daniel Rafecas, luego de haber protagonizado un “ataque de nervios” cuando estaba encerrado en la alcaidía de los tribunales del barrio porteño de Retiro.

El propio magistrado informó a los periodistas que en la audiencia el ex número dos de Julio De Vido tomó conocimiento de los cargos y pruebas que pesan en su contra, luego habló durante media hora con su abogada defensora, Irene Fernanda Herrera, y finalmente hizo uso de su derecho a desistir de la indagatoria “por el momento”.

“Lo que se dispuso es que (López) quede detenido en el penal de Ezeiza”, precisó el juez, quien detalló que durante la comparecencia vio “compensado” al acusado. Allí estará acompañado por otro ex funcionario kirchnerista, Ricardo Jaime, y el empresario santacruceño Lázaro Báez, aunque en distintas celdas.

“Él no está loco. Está estresado, con un grado de ansiedad muy alto y sobre todo aislado, sufriendo la falta de sus familiares”, indicó por su parte la letrada en los tribunales de Comodoro Py.

NUEVOS OPERATIVOS

En tanto, en las últimas horas de este jueves se ordenaron nuevos operativos en el monasterio de General Rodríguez donde López quiso esconder casi 9 millones de dólares y en uno de los departamentos del ex funcionario en la avenida Las Heras de esta capital.

Asimismo, trascendió que hoy sería llevado a declarar ante la fiscal Alejandra Rodríguez -de General Rodríguez- por el caso de la tenencia ilegal del arma que le encontraron cuando fue al convento, trámite que no cumplió el miércoles con la excusa de que escuchaba “voces” y tenía “alucinaciones”.

El ex funcionario pasó la noche del miércoles en la DDI del partido de Moreno y fue trasladado a primera hora de ayer a los tribunales federales de Comodoro Py 2002, donde quedó alojado en la alcaidía de la planta baja.

Pero allí empezó a proferir gritos e intentó quitarse el casco de protección que le pusieron las fuerzas de seguridad para golpearse la cabeza contra la pared.

Cuando los policías consiguieron calmarlo a medias y lo subían de la planta baja al tercer piso, según las fuentes, “la cosa se puso difícil”, por lo que debieron frenar el traslado y regresar a la alcaidía.

Hacia media mañana arribó la abogada Herrera y se constituyó como defensora también en esta causa, luego de lo cual López fue trasladado de nuevo al juzgado, con chaleco antibalas, casco y las manos esposadas a la espalda.

Consultada acerca de las versiones de que López supuestamente consumía drogas prohibidas y ahora padecería de síndrome de abstinencia, la abogada respondió: “No me consta y a mí no me lo transmitió”. Algunos testigos de la ira del ex funcionario aseguraron que pedía cocaína.

También la letrada aseguró que su cliente “no” le “habló” del origen y la procedencia de los casi 9 millones de dólares que quiso esconder el último martes en un monasterio de General Rodríguez, y aseguró que “ahora no es el momento, lo hablaremos en la próxima entrevista”.

En una de las tantas entrevistas que otorgó, la letrada admitió que no había cuestiones dudosas en cuanto a la acción que protagonizó López: “Para mí está todo claro, es más que obvio, los hechos son de público conocimiento”.

López está imputado en el juzgado federal 3 de haber “incrementado de manera apreciable su patrimonio ilícita e injustificadamente durante el período en el que ejerció la función pública”, esto es en los tres gobiernos del matrimonio Kirchner, de 2003 a 2015. Y ese patrimonio, según la acusación, “no encuentra sustento con los ingresos registrados en dicho lapso. Concretamente, dicho incremento se verifica con la tenencia en su poder de: la suma de 8.982.047 de dólares, 153.610 euros, y 159.114 pesos”.

La denuncia original que dio inicio a esta causa fue hecha en 2008 por el abogado porteño y titular de la Asociación Civil Anticorrupción, Ricardo Monner Sans.

Tras la indagatoria, Rafecas dispuso que López sea alojado en el Complejo Penitenciario de Ezeiza, adonde en principio tuvo problemas para ingresar su defensora. Ahora el magistrado deberá resolver su situación procesal en el plazo de diez días hábiles.