En comedores y hogares las tarifas sociales son una materia pendiente

El aumento de las tarifas de servicios básicos se tradujo para numerosas organizaciones sin fines de lucro en un cimbronazo que amenaza con poner fin a sus actividades sociales. Sin recursos para afrontar las abultadas facturas de luz, gas y agua corriente, y con enormes dificultades para acceder a las denominadas “tarifas sociales”, en numerosas instituciones se instaló una enorme preocupación de cara al funcionamiento en el corto plazo.

Hogares, comedores, sociedades de fomento, centros de jubilados y otros espacios solidarios mantenidos a pulmón se tambalean por estas horas entre la incertidumbre y la desazón. Sucede que mientras la mayoría de las organizaciones ni siquiera saben a ciencia cierta cómo acceder a los anunciados beneficios de tarifas especiales, otras iniciaron en vano los trámites, ya que no les han otorgado ningún descuento.

Así lo cuenta, por caso, Nancy Maldonado, quien junto a los voluntario de Sumando Voluntades sostiene un dormicentro en el que actualmente viven 28 personas que estaban en situación de calle. “Desde 2009 que estamos haciendo trámites para acceder a descuentos de luz, gas, agua, teléfono y cable. Presentamos toda la documentación pero nunca nos dieron ninguno”, dijo Maldonado.

Contó que desde la Fundación hicieron el respectivo trámite en cada una de las oficinas de los servicios básicos, pero fue como si nada. “Seguimos pagando como usuarios comunes, pero a la labor que realizamos”, sostuvo.

Para mantener el dormicentro que funciona en 6 entre 35 y 36, por caso, pagan, entre otros gastos, $14.000 mensuales de luz y $8.700 de gas, y todo lo sostienen organizando ferias americanas y eventos para recaudar fondos.

Un panorama igual de complicado trazó Pablo Pérez, quien colabora con los hogares “Refugio del Angel”, de 116 y 530 y “Cielo Azul”, de 2 bis y 516, donde comen unos 70 chicos. “Pagamos luz, gas y agua como usuarios comunes. A pesar de que hemos hecho los trámites no accedemos a ningún beneficio”, dijo Pérez, quien enfatizó en la necesidad de reglamentar la ley 27.218.

Se refería a la denominada ley de “Régimen tarifario específico para entidades de bien público”, promulgada durante la gestión de Macri, pero que permanece sin instrumentarse.

A pesar de que asegura una tarifa especial para aquellas personas jurídicas que no persiguen fines de lucro y que tienen como principal objetivo el bien común, sigue sin instrumentarse, en una situación similar a la de cientos de clubes de barrio, quienes hace tiempo se movilizan por la reglamentación de la ley 27.098, que también contempla beneficios para las instituciones (ver aparte).

“Las entidades comunitarias, centros de jubilados, bomberos, iglesias, comedores, sociedades de fomento, fundaciones, asociaciones civiles y ong en general -que trabajamos por el bien común y sin fines de lucro- tenemos problemas serios para pagar los servicios públicos después de los aumentos”, denunciaron desde el Foro del Sector Social, una federación que agrupa Asociaciones Civiles y Fundaciones de todo el país.

Por su parte, fuentes del Gobierno aseguran que el Ministerio de Energía va a reglamentar la ley 27.218 en articulación con el Ministerio de Desarrollo Social. No obstante, hasta que se resuelva el marco regulatorio, las organizaciones sociales pueden solicitar información y evacuar sus consultas escribiendo a sociales@desarrollosocial.gob.ar.