Amplían el procesamiento de los Báez, con embargos millonarios

El juez federal Sebastián Casanello procesó por segunda vez al empresario Lázaro Báez, detenido en Ezeiza desde casi dos meses, y a su hijo Martín por el delito de lavado de activos y les trabó a cada uno un embargo de 800 millones de pesos.

El fallo incluyó el procesamiento del abogado y apoderado de Helvetic Services Group Jorge Chueco -quien fue detenido en Paraguay-; del presidente de Austral Construcciones, Julio Mendoza, y del apoderado de esa firma, Claudio Bustos -todos ellos también embargados, en 150 millones de pesos los dos primeros y el tercero en 15 millones-, y un nuevo reclamo a Suiza para proceder a la extradición de Néstor Ramos, titular de Helvetic.

EN MEDIO DE CUESTIONAMIENTOS

A punto de viajar hacia Roma (por un encuentro con el papa Francisco) y a Suiza (para acelerar exhortos hechos a ese país por esta causa), Casanello, fuertemente cuestionado en las últimas horas -sobre todo por los Báez-, se pronunció así en el marco de la causa por “la ruta del dinero K” en el capítulo que investiga el ingreso de 208 millones de pesos a la firma Austral a través de Helvetic y que Báez intentó justificar como un aporte para la licitación de la construcción de represas en el sur del país.

El 18 de abril pasado Casanello había procesado con prisión preventiva a Lázaro y a su contador, Diego Pérez Gadín, y sin prisión preventiva a los hijos de ambos, Martín y Sebastián; al asesor Fabián Rossi; al titular de la financiera SGI (”La Rosadita”), César Fernández, y al jefe de la empresa Top Air, Walter Zanzot.

Salvo en el caso de Sebastián Pérez Gadín, todos fueron embargados en 100 millones de pesos, pero ahora Casanello amplió esos embargos en 800 millones para los Báez padre e hijo.

En un fallo de 87 páginas difundido ayer por la tarde, Casanello avanzó en una operatoria que había investigado hace tres años el fiscal de instrucción ordinaria José María Campagnoli -lo que, según él, derivó en un frustrado jury en su contra-, y que se reflotó tras la declaración como “arrepentido” del intermediario financiero, el platense Leonardo Fariña.

“A partir del descargo del imputado Fariña, sumado a la conjugación de elementos de prueba que se reunieron en relación con algunas maniobras que se habrían llevado a cabo en el seno de la administración de las firmas Helvetic Services Group SA, SGI Argentina SA y Austral Construcciones SA, se conformó una hipótesis sólida relativa a la ruta de bonos”, señaló Casanello. Es que “existen sospechas concretas de que entre el 14/12/12 y el 08/04/13, a través de una posible maniobra de auto-venta o auto-compra de títulos de deuda pública por parte de Helvetic Services Group SA, se reingresó al país una suma aproximada de 33 millones de dólares que habrían sido insertados en el mercado local a partir de su depósito en una cuenta bancaria de Austral Construcciones SA en el Banco de la Nación Argentina”.