El juez federal Sebastián Casanello pidió a la Oficina Anticorrupción (OA) que le remita una copia certificada de la declaración jurada patrimonial que realizó el presidente Mauricio Macri el año pasado cuando se desempeñaba como jefe de Gobierno porteño.
En la declaración del año pasado supuestamente deberían figurar los 18 millones de pesos depositados en una cuenta bancaria de las islas Bahamas en calidad de activos en el exterior, que Macri definió como “ahorro”, hizo constar en la declaración 2016 y aseguró que repatriará al país., tras la causa conocida como Panamá Papers. Fuentes judiciales informaron ayer que el magistrado también requirió a la Inspección General de Justicia (IGJ) que le remita la información completa que posee de la actividad de empresas del grupo Macri -cuyo titular es Franco, padre del Presidente- entre 1985 y 2007.
La lista de sociedades sobre las que el titular del juzgado federal 7 requirió información incluye a Socma Americana SA, Grumafra SA, Global Collection Services, MTC Investment y Macri Investment Group, Foxchase Trading SA, Sideco Americana SA, Owners Do Brasil Participacoes, Gresoni SA.
Los investigadores quieren determinar si hay indicios de vínculos comerciales y ROES (Reporte de Operaciones Sospechosas” entre esas compañías y las firmas offshore “Fleg Trading LTD”, en Islas Bahamas, y “Kagemusha SA”, registrada en Bahamas y Panamá, en las cuales Macri figuró como director y vicepresidente, respectivamente.
Los pedidos de Casanello a OA e IGJ -ambos dependientes del Ministerio de Justicia- fueron impulsados por el fiscal federal Federico Delgado, quien llegó a solicitar hasta los balances de la empresa SOCMA entre 1985 y 2007.
Además requirió el fiscal que se recaben datos de varias compañías de Brasil, que declaren dos ex apoderados las empresas supuestamente involucradas, y que preste testimonial el ex directivo de SOCMA Orlando Salvestrini para que informe sobre la actividad de Pago Fácil y Fleg Trading en Brasil.
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