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Además expresó que espera que le den la posibilidad de demostrar su “inocencia”
Ibar Pérez Corradi se negó ayer a declarar en Paraguay y ya fue realizado el pedido formal de extradición por dos jueces
El empresario Ibar Pérez Corradi, detenido anteayer en la zona de la Triple Frontera tras permanecer cuatro años prófugo en el marco de la causa por el triple crimen de General Rodríguez, pidió ayer seguridad para él y para su familia y dijo que espera que le den la posibilidad de demostrar su “inocencia”. Además, dijo tener “miedo”, aunque rehusó revelar a quién.
Fuertemente custodiado en la puerta de la fiscalía de Asunción, y junto a sus abogados, Carlos Broitman y Juan José Ribelli, Pérez Corradi dijo a la prensa que quiere contar con las garantías procesales para esclarecer su situación en la causa.
“Voy a esclarecer mi imputación”, aseguró el detenido, tras resaltar la decisión de la Justicia argentina de que la causa en la que está imputado haya pasado al fuero federal.
“Me están diciendo que me van a dar posibilidad de que le tomen declaración a los testigos y van a admitir las pruebas que tengo para presentar, nunca tuve esa oportunidad”, agregó Pérez Corradi.
Al ser consultado sobre el motivo por el cual se sometió a una intervención para borrar sus huellas dactilares, el detenido se negó a contestar por considerar que se trata de “una cuestión privada”, al igual que respondió al ser interrogado por sus hijos.
Pérez Corradi realizó estas declaraciones pasadas las 13, tras negarse a declarar en el marco de una causa que lleva adelante la Justicia paraguaya por falsificación de documento.
El acusado como autor intelectual del triple crimen llegó ayer a la mañana, cerca de las 8, a la Fiscalía Especializada de Hechos Punibles de la ciudad de Asunción, a bordo de una camioneta blanca de la Fuerza de Operaciones Especiales (FOPE) de la Policía Nacional de Paraguay.
Protegido por un chaleco antibalas y un casco, Pérez Corradi fue conducido escoltado por dos policías hasta el despacho de la fiscal Sandra Quiñónez que lo indagó por el delito de “adulteración de documento de identidad”.
El empresario reconoció formalmente ser Ibar Esteban Pérez Corradi y, si bien se negó a declarar, dijo ante Quiñónez: “Solicito a la agente fiscal la seguridad de mi familia aquí en Paraguay, mujer e hijos. Tengo miedo”, expresó, aunque se negó a decir a quién cuando fue consultado al respecto.
Mientras la Justicia paraguaya inició los trámites para extraditar al detenido a la Argentina, que tiene a su cargo el Juzgado de Garantías 12 de Asunción y el fiscal general Javier Díaz Verón, la jueza federal María Romilda Servini de Cubría firmó ayer a la madrugada formalmente el pedido para que Pérez Corradi sea trasladado al país para comparecer en el marco de la causa en la que está acusado por tráfico ilegal de efedrina y la autoría intelectual del triple crimen (ver página 5).
Además, el fiscal federal Franco Picardi sumó un nuevo pedido de extradición al juez federal Sebastián Casanello, en el marco de la causa conocida como “la mafia de los medicamentos”, en la que ya está procesado por lavado de activos.
Para la fiscal Quiñónez es probable que, tras reconocer su identidad, el detenido se allane a ser extraditado a la Argentina y que, por ende, ese proceso “sea mucho más corto que los 45 días” que usualmente lleva.
En ese sentido, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró que la voluntad de Paraguay es hacer un “proceso rápido” de extradición a la Argentina del detenido.
En tanto, el secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco, consideró que el empresario Pérez Corradi, es “el vaso comunicante entre el accionar mafioso y el gobierno anterior”, en cuanto al tráfico de efedrina para la producción de metanfetaminas.
Por la autoría material de los asesinatos de Sebastián Forza, Leopoldo Bina y Damián Ferrón, cometidos en agosto de 2008, fueron condenados a prisión perpetua los hermanos Christian (44) y Martín Lanata (48) y Víctor (35) y Marcelo Schillacci (36).
Pero la Justicia cree que Pérez Corradi fue quien ordenó esos crímenes en el marco de una pelea por el control de la venta de efedrina a grupos de narcotraficantes mexicanos.
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