La Oficina Anticorrupción (OA) denunció la empresa pública de energía Enarsa y firmas privadas dueñas de depósitos de combustibles por contratos que presuntamente habrían provocado un perjuicio al patrimonio del Estado por casi $300 millones.
Según informó a través de un comunicado, el organismo que encabeza Laura Alonso realizó la denuncia basada en un informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). Para garantizar el abastecimiento para las centrales de generación de energía eléctrica, la Secretaría de Energía -dependiente del Ministerio de Planificación a cargo de De Vido- autorizó en 2011 a Enarsa a contratar el uso de depósitos de combustible líquido.
Durante 2012 se firmaron contratos con tres empresas propietarias de plantas de almacenamiento en Tucumán, Buenos Aires y Entre Ríos, y si bien las empresas pusieron a disposición el servicio, los establecimientos nunca habrían sido utilizados por la empresa estatal a lo largo de la vigencia de la relación contractual.
SUSCRIBITE a esta promo especial