El problema de la venta ambulante no es precisamente nuevo. La Ciudad lo sufre desde hace varias décadas y, hasta ahora, no se ha logrado erradicarlo más allá de algunos espejismos.
Se han intentado distintas estrategias; algunas más razonables que otras. Se pasó de hacer arreglos y componendas con los supuestos líderes de los vendedores -en una época-, hasta alquilar locales para que los ambulantes tuvieran su propio “shopping” bajo techo -en otra- o a los esporádicos operativos callejeros para levantar los puestos -en forma recurrente-. Nada ha dado resultado, quizá porque nunca se ha ido a fondo. Los vendedores ambulantes son el último eslabón de una cadena en la que operan fuertes organizaciones. Son un engranaje del negocio formidable de la venta clandestina, que no sólo opera en las calles sino también en “ferias” gigantescas en la que se vende mercadería de origen dudoso.
En el caso de los inmigrantes senegaleses, se ha dicho hasta el cansancio que el nudo del fenómeno pasa por determinar el circuito de la mercadería. ¿Nadie puede determinar dónde están y quiénes manejan los depósitos de relojes y carteras truchas que les entregan para la venta ambulante? El tema excede el accionar de los inspectores municipales y obliga a trabajar en conjunto con la Policía.
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