La alianza oficialista Cambiemos, en un acuerdo con el massismo e incluso con el voto del kirchnerismo, consiguió ayer en la Cámara de Diputados dar media sanción y girar al Senado el proyecto de ley que promueve la ampliación de la figura del “arrepentido” por casos de corrupción.
En una sesión especial convocada por el oficialismo, la propuesta que se elaboró sobre la base de una iniciativa de Sergio Massa y Graciela Camaño fue aprobada con 194 votos positivos y 5 negativos, que correspondieron a los cuatro diputados del Frente de Izquierda y al kirchnerista José Ciampini.
El dictamen mayoritario sufrió algunas modificaciones en el recinto para conseguir el acompañamiento del Frente para la Victoria como la eliminación de la figura del “colaborador eficaz”, alguien que no está implicado en la causa donde aporta datos, y que podría acceder a la reducción de pena y la suspensión de la acción penal al igual que el arrepentido, si se verifica su denuncia.
De acuerdo a lo resuelto sólo se otorga el beneficio del arrepentido a aquella “persona imputada o condenada, con o sin sentencia firme, por algún delito, cuando durante la sustanciación de un proceso del que sea parte, brinde información o datos precisos y comprobables”.
Se aclaró que cuando el delito atribuido al imputado estuviere reprimido con prisión o reclusión perpetua, la pena sólo podrá reducirse hasta 15 años y respecto al arrepentido falaz, la ley fija una pena de prisión de cuatro a diez años, por proporcionar información falsa o inexacta.
El acuerdo se celebrará entre el fiscal y las personas que brinden información, pero deberá ser homologado por el juez de la causa.
En el inicio de la sesión, el cobista Luis Petri (UCR) defendió la propuesta y destacó la posibilidad de ampliar la figura del “arrepentido” a los delitos de corrupción y advirtió que “no estamos dando una patente de corso para terminar libre de culpa y cargo” al que acepte el beneficio, que será la reducción de la pena pero no la eximición total de la condena.
El mendocino que preside la Comisión de Seguridad Interior apuntó que “la efectividad y utilidad de esta figura” surgió en Italia para juzgar a la “cosa nostra” para dilucidar casos de corrupción. Petri aclaró que el proyecto indica que “no van a poder acogerse quienes fueron ministros de Estado, quienes fueron ministros de la Corte, quienes fueron presidentes de la República. Si cometieron delito tienen que tener las más severas sanciones penales”.
La jujeña Gabriela Burgos (UCR) explicó que en la Argentina la figura del arrepentido “no es nueva”, ya que estaba contemplada para los delitos de trata de personas, secuestros extorsivos, lavado de dinero, terrorismo y narcotráfico, pero con esta propuesta se busca “ordenar “esa tipificación e “incorporar otras”, como contrabando, asociación ilícita, prostitución, pornografía infantil y la formación de monopolios.
Por el Frente para la Victoria, Rodolfo Tailhade destacó la decisión del oficialismo de aceptar cambios relevantes al dictamen mayoritario a pedido de su bloque, como “eliminar la posibilidad de extinción de pena al arrepentido” y ponderó que no se pueda aplicar en los delitos de lesa humanidad.
Desde el massismo, Mónica Litza sostuvo que el Poder Ejecutivo tiene que “dar señales de confiabilidad para resguardar no sólo la seguridad física del arrepentido, sino el cumplimiento de lo acordado”.
OTROS PROYECTOS
Diputados aprobó además el proyecto de creación de la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de Ministerio Público de la Nación, que significará un mayor control legislativo a ese organismo judicial y a la procuradora Gils Carbó.
Y al cierre de esta edición se disponía a darle media sanción también al proyecto de extinción de dominio, que busca recuperar bienes de funcionarios acusados de corrupción.
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