El fiscal federal Guillermo Marijuan advirtió ayer que el “atesoramiento gigante” de dinero del empresario kirchnerista Lázaro Báez -detenido en una causa por lavado de activos- puede tener su origen en “fuentes delictuales” como el sobreprecio en obras públicas y el fraude fiscal.
Además, destacó que la familia Báez contaba con cuentas no declaradas en el exterior con operaciones por más de 25 millones de dólares, por lo que el juez federal Sebastián Casanello citó a declaración indagatoria a los cuatro hijos del empresario, Martín, Leandro, Melina y Luciana.
En ese marco, señaló que en la investigación a los Báez “los bienes que dicen tener no son los únicos, tienen muchos más”.
En diálogo radial, el fiscal explicó que la causa que lleva adelante el juez federal Casanello investiga “el delito de lavado de dinero, que es un figura independiente del código penal, es autónoma”.
“No es que nosotros estamos investigando ni el sobreprecio de obras públicas ni evasión fiscal, nosotros tenemos una causa satelital iniciada por (la diputada nacional) Margarita Stolbizer en la que hacemos pie para todo esto”, remarcó Marijuán.
Y apuntó: “Nosotros creemos que esas fuentes delictuales, (de sobreprecio y fraude fiscal) pueden haber permitido ese atesoramiento gigante de plata”.
“A partir de ahí es que se hicieron estas maniobras que nosotros estamos investigando”, en relación al lavado de dinero, añadió.
El fiscal también sostuvo que en la investigación a los Báez “los bienes que dicen tener no son los únicos, tienen muchos más”.
Marijuan se encontraba ayer en Nueva York, en el marco de la investigación por la causa de irregularidades en el yacimiento chubutense de Cerro Dragón.
El fiscal señaló que planeaba asistir allí al partido de la selección argentina contra Chile por la copa América pera luego viajar hoy a Washington y continuar con la pesquisa judicial.
“Falta de control de Afip”
En tanto, el juez federal Julián Ercolini insistió con que “hubo una excesiva laxitud” y “falta de control” en la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) que derivó en una deuda con esa entidad de unos 8 mil millones de pesos por parte de los empresarios vinculados al kirchnerismo Cristóbal López y Fabián De Souza, responsables de OIL Combustibles S.A.
Ercolini, quien hace unos días citó a declaración indagatoria a López, De Souza, el ex director de la Afip Ricardo Etchegaray y otros 19 imputados, explicó que “el hecho tiene tres puntas”, de las cuales una es que “no se pagó un impuesto que se cobra cada vez que alguien carga combustible en una estación de servicio”.
A su vez, añadió que “hay una franja de trámites de control que no funcionó como normalmente funciona” y “luego la aprobación de planes de pago y de repago por parte del administrador federal de ingresos públicos (Etchegaray)”.
El juez federal dijo que lo que se investiga es “qué pasó que nada funcionó y terminó con un perjuicio patrimonial al Estado de casi 8 mil millones de pesos”.
“En las líneas de control hubo una excesiva laxitud. Falta de control, falta de exigencia y falta de intimación”, consideró el juez federal.
En tanto, consultado por una posible citación a declaración a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, Ercolini respondió: “No lo puedo afirmar ni descartar por ahora”.
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