A poco más de dos semanas para que se concretara el golpe que desembocaría en el derrocamiento de Arturo Illia, El DIA anticipó la inminencia del levantamiento armado y los planes del grupo militar que comandaba Juan Carlos Onganía. La noticia se convirtió en la primera advertencia concreta sobre la posibilidad del levantamiento armado y fue un intento por evitarlo.
Se advertía, incluso, que los golpistas planeaban un régimen para diez años. Fue a raíz de aquella advertencia, que el gobierno de facto -una vez a sumido- pretendió confiscar el diario. En medio de un clima tenso y conversiones de todo tipo sobre la inestabilidad del orden democrático, Leopoldo Suárez, ministro de Defensa de Illia, encargó un trabajo de inteligencia sobre uno de los grupos opositores dentro de las Fuerzas Armadas. Así, el Gobierno democrático pudo contar con una valiosa copia del programa que los insurrectos pensaban aplicaren el país una vez que derrocaran al presidente Illia, algo que daban por hecho. Junto al entonces subsecretario deTrabajo, Germán López, Suárez decidió dar a conocer el documento enlos medios, con la idea de que la ex-posición pública de ese programa sirviera para crear una reacción civil contra ese movimiento.
A través del entonces ministro de Educación, el platense Carlos Alconada Aramburú, se tomó contacto con EL DIA. Luego de verificar la información con distintas fuentes, el entonces director del diario, David Kraiselburd, dispuso la publicación del documento, que apareció en las páginas de EL DIA el 12 de junio de 1966 bajo el título “El programa de la revolución”, que se publicó íntegramente.
En ese marco se promovió desde el gobierno nacional encabezado por Juan Carlos Onganía un pedido de intervención judicial, que fue concedido sin correr vista a los propietarios ni a los representantes legales del diario. Luego del fracaso de ese intento, el gobierno de las Fuerzas Armadas pretendió efectuar otra maniobra desde el ministerio del Interior. Intentaron, nuevamente, apoderarse del diario, para lo que dictaron dos“leyes”. Por un lado, transferían a la Provincia los presuntos derechos sobre una parte de las acciones de EL DIA. En la segunda, se los daban en propiedad. Este intento de apropiación del diario fue denunciado oportunamente por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), organismo que lo repudió enérgicamente y los principales medios del continente. Finalmente, la Justicia declaró inaplicables los artículos fundamentales de esa ley “por contrarios a las garantías constitucionales de inviolabilidad de la propiedad y de la defensa de los derechos”.
El juez que asumió la actitud de tomar esa resolución fue Augusto Belluscio, quien luego se desempeñó, durantemás de una década, como miembrode la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
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