Un golpe que inauguró una era de violencia política en la Argentina

Hace hoy exactamente cincuenta años el general del Ejército Julio Alsogaray irrumpió, junto a un grupo de oficiales, en el despacho presidencial. Allí le informó a Arturo Illia que a partir de ese momento quedaba destituido y lo intimó a abandonar, lo antes posible, la Casa Rosada, que iba a ser ocupada por los jefes militares.

El episodio, que no presentó en ese momento más carga de violencia que un cruce de palabras, insultos y acusaciones, marcó una nueva interrupción al orden constitucional en el país, que no sería la última. E inauguró una era en la historia argentina en la que la violencia se entremezcló profundamente en la vida política.

Pocas jornadas atrás, el escritor Marcos Aguinis publicó un artículo sobre este triste e injustificable golpe de Estado en un medio metropolitano en el que dijo: “Hace medio siglo, cuando un matón de las Fuerzas Armadas que ignoraba las Instituciones de la Democracia irrumpió a la cabeza de otros forajidos en la Casa de Gobierno para expulsar al presidente de la Nación llamado Arturo Illia, éste, con hidalguía ejemplar le reprochó: “Soy el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y usted un vulgar faccioso que usa sus armas y soldados para violar la ley”.

Añadió Aguinis que “así ponían fin a uno de los gobiernos más limpios y progresistas del siglo XX. A partir de ese instante la Argentina fue absorbida por un torbellino que la empujó hacia una decadencia que aún nos cuesta remontar.

El golpe de Estado que permitió la llegada al poder del general Juan Carlos Onganía, además, dejó atrás un gobierno democrático que -según la opinión unánime de los historiadores- se caracterizó por un paulatino pero innegable avance en materia económica, por el respeto por los derechos civiles y por la tolerancia para con la voces críticas y opositoras.

A poco de llegar al poder, Onganía anunció que la “Revolución Argentina” -tal como habían bautizado al golpe de Estado- no tendría un plazo predeterminado para permanecer en el gobierno, sino objetivos sintetizados en tres etapas: el “tiempo económico”, el “tiempo social” y, finalmente, el “tiempo político” (que preveía la normalización institucional), que llegaría siete años después.

EL GOBIERNO DE ILLIA

Illia había llegado a la presidencia apenas tres años antes de su destitución, luego de imponerse en las elecciones que se celebraron el 7 de julio de 1963, en la que participaron varias decenas de partidos. En los comicios se registró uno de los mayores índices de votos en blanco (cerca del 20%), que fueron la respuesta popular a la proscripción del peronismo.

La Unión Cívica Radical del Pueblo -la agrupación que llevaba la fórmula integrada por Arturo Illia y Carlos Perette para la presidencia y vicepresidencia respectivamente- se impuso con el 25% del total de los votos, superando por un 9% a la Unión Cívica Radical Intransigente.

El 12 de octubre de ese año, Illia asumió la presidencia con una cuota muy baja de consenso: sólo contaba con un tercio de los escaños en el Congreso y debía enfrentar las presiones de los partidos opositores para lograr espacios dentro del gabinete de ministros.

TIEMPO DE TRANSFORMACIONES

El mismo día que asumió, en su mensaje al Congreso, adelantó los aspectos fundamentales de lo que sería su programa de gobierno: el respeto a la independencia del Poder Judicial y a las autonomías provinciales, la eliminación de la desocupación obrera, el aprovechamiento pleno de todos los factores productivos, la defensa del valor de la moneda, la anulación de los contratos petroleros con empresas extranjeras, entre otros.

Pero además, el presidente radical aseguró que intentaría fortalecer la educación pública y la acción gremial, ampliar las posibilidades en educación y cultura para la mayor cantidad de gente, procurar la integración del territorio nacional y formular un llamamiento a las Fuerzas Armadas para su reinserción en el proceso democrático.

En poco menos de tres años, el gobierno de la Unión Cívica Radical del Pueblo plasmó una transformación lenta pero efectiva. Al momento del abrupto final de la presidencia de Illia, el país presentaba indicadores que, en conjunto, no volvieron a presentarse en ningún otro momento de la historia argentina.

En 1965, la Comisión Económica para América Latina señalaba, en un informe, el crecimiento del PBI argentino del orden del 7,8%, lo que implicaba un nivel de actividad superior en un 8% al obtenido antes de la recesión que dominó el bienio 62-63.

El organismo destacaba además “el aumento de los rendimientos agrícolas, el avance de la producción del acero y el impulso a la industria petroquímica”, la mejora en los rendimientos del agro y en la industria, el aumento en el empleo y el incremento en los salarios reales. En el informe de la CEPAL también se deja constancia de las negociaciones “exitosas” para aliviar la gravitación del servicio de la deuda externa, efectuadas ante el FMI, el Banco Mundial y la banca europea y japonesa.

EL ASEDIO DE LA CRITICA

Los informes oficiales no reflejaban, sin embargo, las principales obras de gobierno de Illia: la licitación para la construcción de los puentes Corrientes-Barranqueras y Zárate-Brazo Largo; la sanción de la ley para poner en marcha las obras del complejo El Chocón-Cerros Colorados; la asignación de un 24% del presupuesto para el área de educación; el plan de alfabetización; el respeto por las autonomías de las casas de estudios y la ley de medicamentos, entre otras.

“Sin embargo, Illia debió soportar un asedio continuo prácticamente desde que asumió”, recordó en una entrevista con EL DIA en 1996, el ex ministro Carlos Alconada Aramburú, que se desempeñó como ministro de Educación y Justicia de la Nación durante esa presidencia.

Mencionó entonces , por un lado los planes de lucha y las tomas de fábrica a la que los grandes industriales, dijo, no eran ajenos y después pedían represión dura para crear el clima de violencia necesario.

Desde luego que existió también el grupo golpista del Ejército que, a pesar de que no era entonces mayoritario, logró prevalecer. Lo cierto es que no sólo funcionarios de la administración Illia sabían que el golpe de estado que derrocaría a esa gestión iba a suceder, sino que dirigentes de otros partidos políticos también conocían que se avecinaba un corte institucional. Sectores muy poderosos, como el vinculado a los medicamentos, y varios medios de prensa también presionaron y crearon condiciones para voltear a un gobierno que exhibía indicadores ejemplares y que había convocado nuevamente al peronismo a participar de los comicios.