Carrió ahora salió pedir el juicio político contra la Procuradora

La diputada nacional Elisa Carrió presentó ayer un pedido de juicio político contra la procuradora Alejandra Gils Carbó “por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones y delitos en el ejercicio de la función pública” y a quien acusa por la “ilegal designación de fiscales” y por su “parcialidad” en investigaciones que involucran a ex funcionarios del gobierno kirchnerista.

La propuesta contó con la adhesión del jefe del radicalismo, Mario Negri, y la operadora macrista Silvia Lospennato, entre otros legisladores, y de esta manera, la alianza oficialista Cambiemos redobló la ofensiva contra la procuradora, ya que esta iniciativa se suma a un proyecto de reforma del Ministerio Público que hoy podría obtener dictamen de comisión en la Cámara baja.

Tal como anticipó el diputado Fernando Sánchez, la propuesta impulsada por la jefa de la Coalición Cívica-ARI reactiva un proyecto de resolución presentado en 2013 en el que ya pedía el enjuiciamiento de la procuradora y se prevé que la comisión de Juicio Político, que preside Alvaro González (PRO), lo incluya en su agenda.

La propuesta establece “promover juicio político contra la Procuradora General de la Nación, Alejandra Magdalena Gils Carbó, por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones y delitos en el ejercicio de la función pública, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18 de la ley Orgánica del Ministerio Público -N° 24.946- y los artículos 53 y concordantes de la Constitución Nacional”.

Entre los fundamentos, Carrió resaltó que “Gils Carbó se encuentra imputada en varias causas judiciales por la posible comisión de los delitos de encubrimiento, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, puesto que, entre otras actuaciones irregulares, habría designado fiscales ilegalmente”.

Según explicó, la procuradora también “ha sido acusada de realizar maniobras tendientes a encubrir, a través del ejercicio de sus funciones, a funcionarios o personas del círculo de confianza más cercano de la ex presidenta de la nación”, Cristina Fernández de Kirchner.

“A nuestro juicio, dicha situación obedeció a la necesidad de entorpecer así otras causas en las que funcionarios de aquella administración se encontraban severamente involucrados”, añadió.

Además, la jefa de la Coalición Cívica acusó a la procuradora de “grave alteración al orden constitucional que afecta el orden democrático, ya que la reforma del Consejo de la Magistratura representó el fin de la independencia de la magistratura, del sistema republicano de gobierno y un quebrantamiento del equilibrio entre los estamentos a los que la Constitución Nacional otorga representación”.

“La administración de Cristina Fernández de Kirchner y su partido de gobierno, intentaron, con la sanción de esa ley, someter al Poder Judicial de la Nación a su entera voluntad, configurándose una grave alteración al orden constitucional que afecta el orden democrático y elimina de hecho el sistema republicano de gobierno en el país”, argumentó en la propuesta.