El Senado analizaba esta noche el megaproyecto de ley que busca saldar deudas con un sector de los jubilados por diferencias en la liquidación de haberes y, a la vez, habilitar un nuevo blanqueo de capitales no declarados.
El oficialismo cuenta con el apoyo del sector del PJ-FpV que encabeza el rionegrino Miguel Pichetto, que se referencia en los gobernadores provinciales de esa línea política, que respaldan la normativa porque incluye un acuerdo con el Gobierno Nacional para la devolución del 15 por ciento de la coparticipación federal (que hasta ahora retiene la Nación para financiar la ANSES).
Dicho acuerdo incluye también un mecanismo de pago por parte del Estado nacional de la deuda que mantiene con 13 estados provinciales que transfirieron las cajas previsionales a la ANSES en la década del '90. A su vez se contempla la apertura de una moratoria para las otras 11 provincias que, por el contrario, sí transfirieron sus cajas y que por ende poseen una deuda con la Nación en concepto de los aportes patronales.
De acuerdo a lo informado, este proyecto también cuenta con el apoyo del peronismo de San Luis, Córdoba y Chubut. En cuanto a los opositores, las objeciones a estos planteos se vieron nucleadas en el recinto por el sector Kirchnerista del bloque opositor, como la mendocina Anabel Fernández Sagasti, la santacruceña María Ester Labado y su coterránea Virginia García, así como la misionera Sandra Giménez (ahora en el bloque unipersonal Misiones).
Entre las quejas que se expresaron contra al megaproyecto, Sandra Giménez denunció que, de aprobarse el megaproyecto, significara la desfinanciación del "sistema previsional argentino", beneficiando así a quienes aun no tienen una sentencia firme judicial e incluso a aquellos que ni iniciaron juicio en lugar de los "50 mil o 60 mil que tienen sentencia firme". Tambien Anabel Fernández Sagasti denunció que estos términos plantean "una extorsión al federalismo" ,(al incluir en una ley previsional el pago a las provincias.
En tanto, García se preguntó "¿en manos de quién van a quedar las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, de los Quintana, de los Aranguren, Pegasus, Farmacity?".
También se advirtió sobre el peligro de que no se pague a las provincias que no hayan armonizado su sistema jubilatorio con la Nación, porque la norma deja ese aspecto abierto a la reglamentación y en el texto establece ese condicionamiento, tal como indicó el peronista chaqueño Eduardo Aguilar.
La puntana Liliana Negre advirtió que nunca votó "un blanqueo, porque los blanqueos son para los evasores, pero esta vez tiene una asignación específica para el pago a los jubilados". Mario Pais, de Chubut, también señaló que "este proyecto debió ser materia de tres leyes diferentes".
La iniciativa declara la emergencia en litigiosidad previsional con el objeto de que el Poder Ejecutivo establezca acuerdos con los jubilados que están en juicio y, según los datos oficiales, alcanzará a 2,4 millones de beneficios, entre jubilados que tienen sentencia judicial firme, aquellos que iniciaron juicios aún en trámite y quienes nunca demandaron. Además, prevé la creación de una Pensión Universal a la Vejez y deja abierta la puerta para la futura venta de acciones de empresas privadas que el Estado argentino obtuvo con la estatización de las AFJP.
Del referido blanqueo, tras las quejas opositoras en Diputados, el dictamen excluye a funcionarios de los tres poderes del Estado y en todos los niveles (nacional, provincial y municipal) así como a sus padres, cónyuges e hijos y a los legisladores para el Parlasur.
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