El empresario Lázaro Báez y su hijo Martín pidieron ayer la postergación de la declaración indagatoria que dispuso el juez federal Sebastián Casanello para el dueño de Austral Construcciones y sus cuatro hijos, mientras el director del Servicio Penitenciario Federal salió a aclarar que el constructor kirchnerista no es un preso privilegiado.
Durante la tarde del martes circuló la falsa información en torno a un pedido de recusación impulsado por Báez contra el juez porque habría dado un “show mediático” en los tribunales de Comodoro Py 2002, pero la versión fue desmentida tanto por fuentes judiciales como por los propios allegados a la defensa que, supuestamente, habían sido los autores de la misiva.
No obstante, las fuentes tribunalicias dijeron que los abogados Daniel Rubinovich y Rafael Sal Lari sí le solicitaron a Casanello que aplace las indagatorias fijadas para la semana próxima para sus clientes a raíz de un documento de la Unidad de Información Financiera (UIF) que aludía a unos 25 millones de dólares detectados en cuentas de Suiza a nombre de los hijos del empresario.
Las defensas de Lázaro y Martín Báez pidieron la postergación señalando que el informe no habría sido aún adjuntado a la causa, pero ahora la resolución de hacer o no lugar al planteo está en manos de Casanello, indicaron las fuentes.
El viernes pasado el juez no solo ordenó las indagatorias de Lázaro y Martín Báez sino de los otros hijos del empresario: Melina, Luciana y Leandro, quien, con otros abogados, recusó a Casanello por ignorar “el rol protagónico” que habría tenido la ex presidenta Cristina Kirchner en la trama de presunto lavado de activos.
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