Nuevo cálculo para actualizar los haberes de los jubilados nacionales

El Gobierno nacional decretó ayer una modificación en la forma de calcular el índice de actualización de las remuneraciones de los afiliados al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), con el objetivo de “interrumpir la principal causa de generación masiva de juicios”. Así fue comunicado a través del decreto 807/2016, firmado por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y por el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, publicado en el Boletín Oficial.

El decreto viene a poner fin a las demandas por reajuste de haberes y evita que los beneficiarios previsionales deban recurrir a la Justicia para actualizar sus remuneraciones.

De esta manera, el decreto viene a complementar el pago de las nuevas remuneraciones que están contenidas en el megaproyecto de ley de pago a jubilados y blanqueo de capitales que hoy sancionaría el Congreso.

Según la norma, el nuevo índice deberá incluir “hasta el 31 de marzo de 1995, las variaciones del Índice Nivel General de las Remuneraciones(I.N.G.R.)”; “entre el 1° de abril de 1995 y el 30 de junio de 2008, las variaciones de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE); y “a partir de esta última fecha, las variaciones resultantes de las movilidades establecidas por la Ley N° 26.417” de movilidad jubilatoria.

El actual régimen de movilidad en los haberes de los jubilados de la ANSeS, que rige desde 2009, establecía dos aumentos al año que se calculaban tomando en cuenta las variaciones producidas en los recursos tributarios del SIPA (comparando semestres idénticos de años consecutivos) y el más favorable entre el índice general de salarios determinado por el INDEC o la variación del RIPTE.

Según el decreto publicado ayer, a pesar de las diferentes normas reglamentarias, “no se ha logrado solucionar la problemática referida a la litigiosidad institucional que enfrenta actualmente el organismo de gestión del Sistema Nacional de la Seguridad Social, ni tampoco evitar la presentación masiva de nuevos reclamos administrativos y judiciales”. Por tal motivo, “resulta necesario que los valores históricos de las remuneraciones a considerar para el cálculo de prestaciones a otorgar, sean actualizados de acuerdo a los lineamientos establecidos en el presente decreto”.

“El Estado Nacional ha decidido efectuar las correcciones necesarias para que las remuneraciones que se toman en cuenta para calcular las futuras prestaciones, sean actualizadas en forma justa y razonable”, agrega entre sus considerandos la norma.