Apuran remoción de Echegaray tras el primer procesamiento

Los presidentes del Senado, Gabriela Michetti, y de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, firmaron anoche la resolución por la cual disponen la remoción al frente de la Auditoria General de la Nación (AGN) de Ricardo Echegaray. La decisión se tomó como consecuencia del primer procesamiento iniciado en contra del ex jefe de la AFIP.

El juez federal Claudio Bonadio, que viene sorteando los embates desde el kirchnerismo, dispuso procesar a Echegaray en una causa por falso testimonio iniciada por una querella del actual ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, por acusaciones en su contra referidas a una supuesta cuenta en Suiza.

En su resolución, Bonadio inculpó a Echegaray como supuesto coautor del delitos de “violación de secreto” y presunto instigador de “falso testimonio”, además de trabar embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de 20 mil pesos.

LA HERAMIENTA LEGAL “PARA SACARLO”

Michetti -quien fue muy criticada un día antes por Elisa Carrió por firmar la designación de Echegaray- sostuvo que el procesamiento dictado por Bonadio le dio al oficialismo “la herramienta legal que necesitábamos para poder sacarlo de la Auditoría”, y agregó que ese cargo debe estar ocupado por un funcionario “que reúna otras condiciones éticas”.

En la disposición firmada anoche, se le pide al “Partido Justicialista Nacional” que “en los términos del artículo 85, tercer párrafo de la Constitución Nacional” designe “a un nuevo candidato” para ocupar el referido cargo. Pero el peronismo no acepta la remoción (ver aparte).

A través del escrito redactado por la Vicepresidenta y el presidente de la Cámara de Diputados, se solicitó la renuncia de Echegaray al considerar que su situación judicial viola la ley de Administración Financiera. Michetti, recordó: “La Constitución y las leyes nacionales no nos permitían hacerlo antes de contar con un procesamiento judicial; hubiéramos estado incumpliendo la ley si no lo designábamos porque la responsabilidad de nombrarlo al frente de la Auditoría es del Partido de la oposición. En este caso: el PJ”.

EL FALLO

El procesamiento y embargo alcanzó también a Pedro Gustavo Roveda y Horacio Justo Curien, entonces subdirector General de Fiscalización de la AFIP y subdirector General de la Subdirección General de Asuntos Jurídicos del organismo, respectivamente.

Además, Bonadio ordenó enviar parte de la causa al juzgado nacional en lo Penal Económico 11, para que allí se investigue en base a un expediente ya existente si hubo delito a raíz del “uso indebido de datos” reservados entregados a los funcionarios argentinos por parte de Francia, en el marco de un convenio de prevención de la evasión fiscal.

La resolución de Bonadio será apelada por Echegaray a través de su abogado, León Arslanian, según indicaron voceros del ex jefe de la AFIP.

El Código Penal castiga con hasta dos de prisión y cuatro de inhabilitación especial al “funcionario público que revelare hechos, actuaciones, documentos o datos, que por ley deben ser secretos”, y también con hasta cuatro años de cárcel al que “afirmare una falsedad o negare o callare la verdad, en todo o en parte, en su deposición, informe, traducción o interpretación, hecha ante la autoridad competente”.

En 2014 Echegaray viajó a Francia y regresó con un informe oficial del Gobierno galo del llamado “Caso Falciani”, que destapó la existencia de 4.040 cuentas bancarias de argentinos en el banco HSBC de Suiza, con depósitos por 3.500 millones de dólares. Entre otros titulares de aquellas cuentas figuraba la empresaria Amalia Lacroze de Fortabat, ya fallecida, y su nieta Amalia Amoedo, quienes en 2005 habían designado a Prat Gay como apoderado ante el HSBC y mandatario para el manejo de los fondos radicados en la cuenta. Ahora para Bonadio, Echegaray y sus dos subordinados “realizaron forzadas y engañosas deducciones para incluir a Prat Gay en la denuncia” de evasión “.